El Gobierno quiso evitar la Audiencia Nacional para acelerar el caso Rato

El Gobierno hizo uso de las armas que facilita el sistema judicial para acelerar, en contra del criterio de otros profesionales, las pesquisas que la Agencia Tributaria comenzó hace casi un año sobre el patrimonio de Rodrigo Rato. Así, lo que debía haberse convertido en una investigación posterior y más sosegada desde la Fiscalía Anticorrupción, devino en una denuncia precipitada a instancias de la propia Hacienda.

Este es el relato de los hechos en el que ayer coincidieron varias fuentes jurídicas y políticas consultadas, que pusieron también de manifiesto el malestar existente entre algunos magistrados de la Audiencia Nacional ante la jugada realizada desde el Ejecutivo -se da por hecho que la Agencia actuó con el visto bueno del Ministerio-, pues entienden que hay indicios de peso que vinculan, al menos, parte de la investigación sobre el ex ministro de Economía y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el caso Bankia. «Lo que pasa -apuntan- es que a su instructor no le gustan precisamente los circos mediáticos».

Para justificar su postura, señalan uno de los delitos que se citan en la denuncia que ya tramita el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal: el alzamiento de bienes. Consideran que esta ocultación de su patrimonio real a la acción judicial sólo tendría sentido para evitar que fuera intervenido en pago por las dos fianzas que ya le requirió el magistrado del caso Bankia, Fernando Andreu.

La primera, de tres millones de euros, se le pidió en octubre por su responsabilidad en el despilfarro con las tarjetas ‘Black’ de Caja Madrid y Bankia. La segunda sería su parte proporcional en la fianza solidaria de 800 millones que el juez impuso al banco y sus exadministradores por las irregularidades en su salida a bolsa.

La Fiscalía Anticorrupción ya sospechaba desde hace meses que Rato podía ocultar parte de su patrimonio mobiliario en el exterior, dado que el ex político metido a financiero cubrió los primeros tres millones con un aval del Banco Sabadell -aunque no se sabía la letra pequeña de las garantías que éste exigió a cambio-tras haber alegado inicialmente que no tenía medios económicos suficientes. Y ello sin que constara una hipoteca sobrevenida de sus casas.

Por ello, cuando supo de las pesquisas iniciadas por la Agencia Tributaria a raíz de las discrepancias detectadas en la información fiscal del ex ministro -su declaración obligatoria de bienes en el extranjero hecha en 2012 no coincidía con los datos que se tenían de la amnistía de la que se benefició ese año, (junto a otros 30.000 ciudadanos) ni tampoco con otros movimientos detectados-, solicitó que se hiciera una investigación más profunda. Su idea era unir el presunto alzamiento de bienes vinculado a Bankia con los posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal (por los ejercicios de 2012 y 2013), de los que Hacienda había empezado a encontrar ya primeros indicios. Entre los tres podrían sumar penas de hasta 15 años de cárcel en un hipotético juicio.

Tras varias reuniones e intercambio de información, Anticorrupción recibió en febrero un primer informe de la Agencia Tributaria donde se instaba la presentación posterior de una querella. Tras revisarlo, los fiscales consideraron que no tenía la consistencia suficiente para acudir a los juzgados y que, por tanto, todavía era prematuro dar por concluida esa fase inicial de las actuaciones.

En el órgano que dirige el fiscal jefe Antonio Salinas daban por hecho que, más allá de algunas «pequeñas discrepancias», la Agencia aceptaba sus tesis y esperaba tener noticias en las próximas semanas. La sorpresa fue encontrarse el jueves con los registros realizados en el domicilio y el despacho de Rato, apenas 24 horas después de que la Fiscalía de Madrid presentara una denuncia en el juzgado de guardia a instancias del propio organismo tributario.