Rajoy defiende en el Congreso que la amnistía fiscal «ni quita ni limpia» delitos

El caso Rato ha puesto de nuevo los focos en la amnistía fiscal aprobada en 2012, algo que incomoda al Gobierno. De hecho, desde que se conociera la acusación de blanqueo, fraude y alzamiento de bienes contra el ex vicepresidente económico, el Ejecutivo ha tratado de lograr la cuadratura del círculo. Es decir, desligar la amnistía de la investigación sobre el ex director del FMI y al mismo tiempo asegurar que dicho proceso no deja impunes a los amnistiados. Ese fue el argumentario que utilizaron ayer los miembros del Gobierno en una sesión de control en el Congreso monopolizada por este asunto y en el que la oposición volvió a pedir la publicación de la lista de defraudadores.

Y es que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, defendió que la amnistía fiscal a la que se acogieron 30.000 contribuyentes «ni borra ni limpia» delitos, en referencia a los 715 contribuyentes -entre los que se encuentra Rato- acogidos a la amnistía y que la Agencia Tributaria remitió al Sepblac por presunto blanqueo de capitales. El caso sobre el ex vicepresidente económico sobrevoló toda la sesión, aunque ningún miembro del Ejecutivo pronunció su nombre, algo que ya es habitual. Por el contrario, lo que sí hizo Rajoy fue insistir en que la amnistía no suponía un cheque en blanco para quienes la utilizaron.

Así, el presidente recordó que el «proceso de regularización» aprobado en 2012 obligaba a pagar un recargo a los amnistiados -aproximadamente un 3% de lo regularizado- y reprochó al PSOE que no hicieran lo mismo cuando ellos aprobaron dos amnistías en 1984 y 1991 en las que, según Rajoy, «los amnistiados no tributaron nada». Además, el líder del Ejecutivo también rechazó una vez más publicar la lista de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía porque lo prohíbe la ley y recordó a lo socialistas que ellos tampoco lo hicieron en su momento cuando gobernaban.

Asimismo, Rajoy se ciñó al guión trazado desde que se conoció el caso Rato y presumió de los buenos resultados de la lucha contra el fraude. En este sentido, el presidente destacó que las «decisiones del Gobierno han permitido aflorar 124.000 millones de euros» en bienes declarados en el extranjero -en realidad la mayor parte de ese importe no es de origen ilícito, aunque le sirve a la Agencia Tributaria para cotejarlo con sus datos en busca de incongruencias-, y recaudar en los tres últimos ejercicios 347.000 millones de la lucha contra el fraude. «Los mejores datos de la historia», remachó.

En el discurso que los distintos miembros del Gobierno pronunciaron en el Congreso solo hubo una nota discordante. Y fue cuando la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció por primera vez que el Ejecutivo aprobó «una amnistía fiscal» -un término siempre negado por el Gobierno, que prefiere utilizar el concepto de regularización o declaración tributaria especial- por culpa del «agujero» de 70.000 millones en las cuentas públicas que heredó de la anterior legislatura. Sin embargo, Sáenz de Santamaría aseguró que la «amnistía» -utilizó la palabra en dos ocasiones- se hizo «aplicando la ley», es decir, persiguiendo los posibles delitos asociados al patrimonio regularizado. En su opinión, la mejor manera de proteger a los contribuyentes es que la Agencia Tributaria luche contra el fraude «con independencia de cómo se llame quien no ha hecho bien su declaración», en referencia a Rodrigo Rato.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, criticó al Gobierno por poner las instituciones «al servicio de un interés partidista». En este sentido reprochó al Ejecutivo que se oponga a la publicación de la lista de defraudadores acogidos a la amnistía fiscal y a la comisión de investigación sobre la materia. De hecho, el líder de la oposición emplazó a Rajoy a publicar dicha lista. «Háganlo o lo haremos nosotros cuando lleguemos al Gobierno», concluyó.