Locutorios y tiendas financian la yihad, según Estados Unidos
El problema ya no es sólo fiscal, sino también de seguridad.
Fachada de un locutorio de Granada tras la detención de su dueño.
La Agencia Tributaria lo venía advirtiendo desde hace lustros, pero ahora el problema ha dejado de ser solo fiscal para convertirse en un asunto medular en la lucha antiterrorista, que incluso ha provocado la reprimenda formal de los servicios antiblanqueo de Washington.
España no logra controlar las redes ‘hawala’ de los inmigrantes musulmanes —un sistema de préstamo o transferencia informal entre particulares— y esta situación, más allá de causar un daño a las arcas públicas y facilitar el lavado de capitales de procedencia poco clara, hace que España se convierta en uno de los principales focos de la financiación de la yihad mundial.
El aviso lo hizo el ‘Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs’ del Departamento de Estado norteamericano el pasado marzo. En ese documento referido a España, que no era específico sobre la lucha antiyihadista sino que versaba sobre el lavado de dinero, las autoridades de Washington aseguraron que la ‘hawala’ ya se ha convertido en una «laguna significativa» en la seguridad nacional.
El Departamento de Estado, que no suele hacer esta advertencia en sus análisis sobre el resto de los países de la Unión Europea, insiste en que «puntos de venta» como «pequeñas tienda de barrio», bazares y negocios de alimentación de amplio horario, y «centros de comunicación que a menudo ofrecen servicios de transferencias online» (locutorios) son el eje central de esa «vulnerabilidad financiera» que «mueve el dinero dentro y fuera de España, haciendo pequeñas transferencias internacionales para los miembros de la comunidad inmigrante».
Washington reconoce en ese documento los esfuerzos de España por «combatir siempre a organizaciones terroristas nacionales y extranjeras» y por poner en marcha un sistema nacional de «supervisión de los bancos robusto», pero afirma que las «lagunas» en la «identificación» de esos «operadores sin licencia» de la comunidad musulmana son una rémora en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación yihadista.
Estados Unidos también lamenta, aunque en menor medida, la falta de control de la llegada de fondos a «organizaciones sin ánimo de lucro», a «asociaciones culturales» y «editoriales» que pueden encubrir actividades de promoción del terrorismo islámico.
Mandos de los servicios de información de las fuerzas de seguridad, lejos de rechazar las críticas norteamericanas, reconocen la existencia de estas redes, de funcionamiento tan simple y ancestral como difíciles de detectar. Básicamente, explican los expertos antiterroristas, se basan en que una persona entrega una cantidad en el país de origen a un ‘hawaladar’ (hombre de honor), que regenta un negocio legal. Éste, con una simple llamada o un mail, hace que otro ‘hawaladar’ en el país de destino pague esa misma cantidad a la persona convenida a cambio de una comisión que nunca supera el 2%, mucho menor que la de una agencia legal. La deuda del primer intermediario con la del segundo se suele saldar con una transacción comercial legal. Todos los documentos se destruyen a las pocas horas pues todo se basa en la «confianza mutua» y la operación no deja el más mínimo rastro.