Instituto jurídico con tentáculos
La exclusiva ‘Schola Iuris’ está vinculada al comisario Villarejo y en ellas dan clases jueces, fiscales o policías competentes en alguno de sus casos.
En un exclusivo instituto jurídico de Madrid confluyen altos cargos policiales, reputados abogados, jefes de la Fiscalía y magistrados del Tribunal Supremo. El centro se llama ‘Schola Iuris’, fue creado en 2004 y una de sus especialidades es el máster en Derecho Penal Práctico, homologado por el Colegio de Abogado de Madrid.
Los 14.000 euros que abonan los alumnos de matrícula por 512 horas lectivas tienen su «punto fuerte en el magnífico plantel de profesores», según anuncia la web. La prestigiosa lista la componen, entre otros, magistrados del alto tribunal como Manuel Marchena (presidente de la Sala Penal desde octubre), José Manuel Maza o Antonio del Moral; el presidente del Tribunal Superior de Madrid, Francisco Vieira; el fiscal jefe de este órgano, Manuel Moix; el comisario principal y ex jefe de la Udef José Luis Olivera; o el abogado Adolfo Prego, ex juez del Supremo y ex vocal del Consejo del Poder Judicial. En el programa también figuran letrados de algunos de los bufetes más prestigiosos del país, como Cuatrecasas, Garrigues o Roca Junyent, defensor de la infanta Cristina en el caso Nóos. Algunos de estos abogados también tienen como clientes a políticos imputados en el caso Gürtel, como diputados autonómicos o ex alcaldes del PP madrileño.
Con nombre y apellido
El hombre que ha reunido a este «magnífico plantel» para su oferta académica privada se llama Ángel Benseny Pellicer. Es psicólogo forense de los juzgados de Primera Instancia de Madrid y aparece como administrador único de ‘Schola Iuris’, cuyo campus académico está en la planta 18 de la Torre de Cristal, ubicada en el nuevo centro financiero del Paseo de la Castellana.
Hasta aquí el contexto de ‘Schola Iuris’. El posible conflicto de intereses llegaría con la presencia de Benseny Pellicer en otras sociedades. Según el registro mercantil, aparece como apoderado junto al abogado Rafael Redondo y dos policías, los hermanos Carlos y Antonio Giménez, en el consejo de Cenyt Argo. Nacida en 2011, esta empresa se encarga de la «intermediación en el asesoramiento jurídico, empresarial, fiscal y laboral a empresas y particulares». Un ambito próximo a ‘Schola Iuris’
Cenyt Argo tiene una sociedad matriz, Cenyt Consultoría. Una empresa surgida en 2006 con un capital inicial de 684.000 euros, que ahora asciende a 2,4 millones. Su objeto social es el asesoramiento de empresas e instituciones en proyectos de análisis y gestión de recursos humanos. El enlace entre ambas mercantiles es Rafael Redondo, presidente de la asociación Transparencia y Justicia y socio del comisario José Manuel Villarejo, quien fuera apoderado y presidente de Cenyt Consultoría. Adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, el nombre de Villarejo ha salido ahora a la palestra por sus menciones en el caso Emperador, el ático de Ignacio González, la fortuna suiza de Francisco Granados que derivó en la operación Púnica, los Pujol o en el caso del pequeño Nicolás.