El Constitucional declara ilegal la consulta independentista del 9N en Cataluña

Siete meses después de la celebración de la consulta alternativa, en la que 1,8 millones de catalanes votaron a favor de la independencia, el Tribunal Constitucional declaró por unanimidad ayer fuera de la ley las actuaciones que la Generalitat llevó a cabo en la preparación del llamado «proceso de participación ciudadana» del 9N.

La corte de garantías entiende que el Gobierno catalán se excedió en sus competencias ya que «no corresponde a las comunidades autónomas la convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento del orden constitucional».

La sentencia del Constitucional pone el punto y seguido a una guerra jurídica entre La Moncloa y el Palau de la Generalitat en relación al derecho a decidir y que continuará después de las elecciones del 27 de septiembre. Un año antes de esa fecha, Mas firmó el decreto de convocatoria de la consulta del 9N. La respuesta del Gobierno central llegó 24 horas después en forma de impugnación ante el Tribunal Constitucional, que decretó en un tiempo récord la suspensión cautelar de la ley de consultas y el decreto de convocatoria de la consulta.

Mas se quedó sin el amparo legal para la votación. Aun así, tiró por la calle del medio, como le pidieron los independentistas, pero no con el referéndum original, sino con una suerte de consulta alternativa que llamó proceso participativo. El Gobierno central recibió la noticia calificándola de «excelente», según expresión de Mariano Rajoy. Sin embargo, unas declaraciones de Mas, en las que instó a los suyos a «engañar» al Estado, llevó al Ejecutivo central a impugnar también la consulta alternativa.

Con la suspensión cautelar, el presidente de la Generalitat siguió adelante con los preparativos y al final se celebró una votación, amparada por la Generalitat, pero ejecutada por unos 40.000 voluntarios, a la que acudieron a votar 2,3 millones de personas.

En febrero, el Constitucional declaró inconstitucional el decreto de convocatoria de la consulta original y ayer hizo lo propio con las actuaciones «materiales» vinculadas a la celebración del 9N, «entendidas como un todo, como un acto imputable a la Generalitat», según la sentencia. Estas actuaciones declaradas ilegales son, entre otras, una página web, que decía que el Gobierno de Cataluña abría un proceso de participación ciudadana que convocaba a los catalanes a que manifestaran su opinión sobre el futuro político de Cataluña, así como comunicaciones oficiales dirigidas por la Generalitat a distintas entidades en las que requería su colaboración administrativa, una publicación en el diario oficial de la Generalitat o la difusión de una campaña publicitaria sobre la celebración de la consulta.

Según la sentencia, una comunidad autónoma «no puede convocar ni realizar actuaciones formalizadas o no jurídicamente» que auspicien la convocatoria de una consulta popular, que desborde el ámbito de las competencias propias, o que incida sobre cuestiones fundamentales, como es en este caso decidir sobre el futuro de Cataluña. Cuando la consulta incide sobre esas «cuestiones fundamentales», la única vía que cabe es la de la reforma de la Constitución en los términos en que ella misma prevé, añade.

«Letras de oro»

Horas después de que se conociese el fallo, el presidente del Ejecutivo autonómico, Artur Mas, sacó pecho y afirmó que la sentencia no tiene efecto, ya que el 9N se celebró y «ahora no se puede anular ni borrar. El 9N existió y entró con letras de oro en los libros de historia, ya no se puede cancelar, la gente votó y se expresó».

El presidente catalán, que aún tiene pendiente de resolver la querella que la Fiscalía le puso por el 9N, cree que la sentencia del Constitucional cierra todas las puertas del diálogo entre Cataluña y el resto de España. Y en la medida en que Cataluña no puede preguntar sobre su futuro en relación a España, Mas dijo que el único camino que le queda para conocer la opinión de los catalanes sobre la independencia es reforzar el carácter plebiscitario del 27S.