Alaya pierde las macrocausas contra la Junta pero conserva los ERE
María Núñez Bolaños se hará cargo del supuesto fraude en los cursos formativos.
La juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya.
El Tribunal Superior de Justicia Andaluz (TSJA) dio ayer un inesperado balón de oxigeno a la Junta de Andalucía al decidir apartar a la juez de Sevilla Mercedes Alaya de las macrocausas de corrupción que tienen a la Consejería de Empleo en el punto de mira. La nueva titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, María Nuñez Bolaños, se hará cargo desde ahora del supuesto fraude en los cursos de formación, la otra «pieza de caza mayor» que investiga el destino de 3.000 millones de euros y tiene ya imputados a varios ex consejeros autonómicos.
También asumirá la investigación de las irregularidades en los avales y préstamos concedidos por la agencia pública Idea. Pero la juez «incansable», como ella misma se denominó, continuará sin embargo al frente de los ERE fraudulentos y el delito societario en Mercasevilla.
El reparto decidido por el TSJA rechaza por tanto la propuesta de Alaya, que pidió continuar en comisión de servicio hasta terminar la instrucción de las tres macrocausas. La nueva juez ya ha dado muestras de su diferente criterio en la causa de los cursos de formación, anulando un auto en el que Alaya ampliaba la imputación al ex consejero andaluz Ángel Ojeda, uno de los principales beneficiarios de estas ayudas. Y por si fuera poco varapalo, la asignación de los ERE es temporal, dado que como recuerda la Sala de Gobierno del alto tribunal andaluz, se está a la espera de que la Audiencia Provincial de Sevilla se pronuncie sobre el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción en abril reclamando la división de la causa en piezas separadas.
Es la sexta vez que el ministerio público se pronuncia en este sentido, alertando del riesgo de que algunos delitos prescriban al tratase de una causa de tales dimensiones, en las que algunos imputados aún llevan tiempo esperando a declarar.
De una en una
La división que proponen sería de una pieza por cada ayuda irregular concedida a empresas en crisis, otra por cada empresa en la que se detectaron ‘intrusos’ o personas ajenas; una más sobre las sobrecomisiones cobradas por los sindicatos y empresas mediadoras en los expedientes (en torno a 66 millones de euros, según el informe pericial) y una última de carácter político, en el que se investiga el papel del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para crear un sistema irregular que permitió dar las ayudas al margen de cualquier fiscalización. Unas 200 en total. Al ver rechazadas sus pretensiones, está por ver ahora si Alaya decide continuar en comisión de servicio, dado que todo apunta además que de llevarse a cabo la separación de piezas de los ERE la juez sevillana perdería la instrucción de la parte más política de la trama, la que más sobresaltos ha dado al Ejecutivo regional.