El rey advierte a Mas que cumplir la ley es «ineludible»

El rey aprovechó la entrega de despachos en Barcelona a una nueva promoción de jueces para advertir a Artur Mas, presente en la ceremonia, que el cumplimiento de la ley «es ineludible». El mensaje fue nítido, no se prestó a interpretaciones, y el presidente catalán lo escuchó sin pestañear aunque no pudo responder porque no tenía turno de palabra. Acabada la ceremonia, comentó en una charla informal que «nosotros nunca nos hemos saltado la ley».

Cinco días después de la tensa y difícil reunión en el palacio de la Zarzuela, Felipe VI y Mas se volvieron a ver con la misma frialdad y educación en la entrega de despachos a los 35 nuevos jueces formados en la Escuela Judicial con sede en la capital catalana. En ese contexto propicio, el jefe del Estado afirmó que el cumplimiento de la ley nunca puede ser «una alternativa» que se puede escoger o no en función de las conveniencias ni tampoco es «una mera formalidad».

El respeto a la legalidad, dijo el rey, es «la fuente de legitimidad y la exigencia ineludible para una convivencia en paz y libertad». Y por si no estaba claro, Felipe VI recordó que «los poderes públicos», como el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, están «sometidos al imperio de la ley». El respeto a la legalidad, remató, es la única garantía para «el ordenado funcionamiento del Estado». El colofón lo puso el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes: «No hay democracia sin respeto a la ley».

El cumplimiento de la legalidad ha sido una de las grandes preocupaciones de Artur Mas en su proyecto soberanista. El presidente de la Generalitat, que dijo haber escuchado «atentamente» al rey, defendió la actuación de su Gobierno. El independentismo catalán tuvo claro desde el principio que no iba a seguir la vía empleada por el ex lehendakari Juan José Ibarretxe con su plan soberanista, rechazado en el Congreso el 1 de febrero de 2005 y frustrada la consulta tres años después por el Constitucional. Esos reveses hicieron que Mas y las fuerzas secesionistas catalanas concluyeran que legalidad española no servía para su proyecto y se pusieron manos a la obra para diseñar un marco legal catalán.

En el acuerdo alcanzado la semana pasada entre Convergència, Esquerra y las fuerzas soberanistas se recoge que si ganan esas elecciones con una mayoría suficiente y «en el caso de que el Estado español, mediante decisiones político y/o jurídicas bloqueara el autogobierno de Catalunya, el Govern y el Parlament procederán a la proclamación de la independencia y a la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica» para tener un ámbito jurídico propio. Una norma que, en la teoría, serviría de puente de un marco legal al otro.

Sin dramatizar

Esta estrategia, según el Gobierno, la totalidad de fuerzas políticas, salvo los nacionalistas, vulnera la Constitución y las leyes. Pero ante la evidencia de que Mas y el soberanismo catalán no van a dar marcha atrás, Mariano Rajoy está dispuesto a echar mano de todos los resortes legales, hasta el artículo 155 de la Constitución, que prevé la intervención del gobierno autonómico y la imposición de nuevas autoridades. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, presente en el acto en Barcelona, pidió cautela porque esa disposición de la Carta Magna es excepcional. Pero a continuación apuntó que es «un artículo más» y no hay que «dramatizar» si se aplica.

El Ejecutivo de Mas se dio por aludido y respondió ayer que no tiene «miedo» ante los planes de Rajoy. La vicepresidenta y portavoz, Neus Munté, emplazó a los catalanes a «no arrugarse» ante «las amenazas» procedentes de Madrid y que tengan fe en «el mandato democrático de las urnas».