La justicia rechaza dos querellas contra Monedero por supuesto fraude fiscal
La jueza cree que «no existen indicios de delito para abrir diligencias previas» contra el fundador de Podemos .
La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha acordado no admitir a trámite las dos querellas interpuestas contra el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero por supuesto fraude fiscal al considerar que «no existen indicios de delito para abrir diligencias previas». La decisión judicial se ha basado en que el ex dirigente de la formación regularizó su situación fiscal con la Agencia Tributaria por unos trabajos de asesoría a gobiernos latinoamericanos antes de que se presentaran dichas querellas, que se habían acumulado en un solo juzgado al denunciar los mismos hechos, informaron ayer fuentes judiciales.
Monedero recibió 425.150 euros a finales de 2013, a través de una empresa inscrita en el registro mercantil, por unos trabajos de asesoría a gobiernos latinoamericanos sin que dieran cuenta de ellos a la Universidad Complutense, donde es profesor.
Consecuencias
La polémica generada tras la publicación de las informaciones sobre los cobros que recibió Monedero fue uno de los factores que llevaron al fundador de Podemos a abandonar la dirección del partido y a alejarse de la primera línea de la política.
La decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid de inadmitir las querellas puede ser recurrida en reforma ante el propio órgano judicial que la ha dictado y en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Una de las querellas fue presentada por el sindicato de funcionarios Manos Limpias tras unas informaciones de El Mundo en las que se afirmaba que el exnúmero 3 de Podemos acumulaba 700.000 euros en tres cuentas bancarias procedentes de contratos de trabajo con el Banco del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). En su querella, Manos Limpias acusó al ex dirigente de la formación de presuntos delitos de organización criminal y falsificación documental contra la Hacienda Pública y societarios.