Rajoy congela las estructuras de Estado que ha creado Artur Mas
Los independentistas quieren poner en marcha varias instituciones nacionales.
El Gobierno central y el catalán llevan años jugando al gato y al ratón. Cada vez que el Ejecutivo de Artur Mas da un paso en la línea de aumentar su autonomía y acercarse a un Estado independiente, desde la administración central paralizan sus iniciativas por la vía de los recursos al Tribunal Constitucional.
Esto es lo que ha ocurrido en los últimos meses con las llamadas estructuras de Estado, las entidades nacionales que Mas aspira a tener antes de que Cataluña, si llega el momento, proclame la independencia. El PP y el Gobierno ya han advertido a la Generalitat de que no están dispuestos a que la administración catalana se salte la ley y siente las bases para la separación. Cualquier medida que adopte la Generalitat que pueda ser contraria a la Constitución se examinará y se impugnará, recuerdan una y otra vez en la Moncloa.
Hasta la fecha, el Gobierno ha recurrido y el Constitucional ha paralizado la ley de consultas, que facultaba a la Generalitat la convocatoria de referendos (declarada ya inconstitucional), así como los embriones de la futura hacienda propia y la seguridad social, la diplomacia exterior y el comisionado para la transición nacional.
Todo en contra
El pasado 30 de junio, el Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno contra varios artículos de la ley de acompañamiento de los Presupuestos catalanes que facultaban al Gobierno catalán para crear una agencia tributaria, una agencia de la protección social, así como la puesta en marcha de un inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña y el catálogo de infraestructuras estratégicas. El Ejecutivo central impugnó además el decreto que aprobó la creación por parte de la Generalitat de un comisionado para la transición nacional. El Gobierno argumentó que este organismo, que dirige el exvicepresidente del Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, pretende «avanzar en un proceso de construcción de estructuras de Estado».
La corte de garantías pareció en julio que iba a aflojar su criterio con el levantamiento de la suspensión temporal que pesaba sobre la parte de la ley de acción exterior del Parlamento que regula las delegaciones de la Generalitat en el extranjero y la capacidad del Gobierno autonómico de firmar acuerdos con organismos internacionales y designar sus representantes ante la Unión Europea.
Sin embargo, el Constitucional mantuvo en suspenso el resto de la ley, y en especial todos los capítulos que definen o se refieren a Cataluña como «sujeto internacional» o a su capacidad de «establecer relaciones diplomáticas». El Constitucional culminó por ahora su tarea el lunes pasado con la paralización el artículo 4 de la ley de creación de la Agencia Tributaria, que regula la integración de funcionarios del Estado y de la propia administración catalana a la futura Hacienda catalana.