El instructor cita al ‘president’ el 15 de octubre para saber si delinquió

Dos días después de las elecciones catalanas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña citó ayer a declarar como querellados al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a la ex vicepresidenta Joana Ortega y a la consejera de Educación, Irene Rigau, para comprobar si, como cree la Fiscalía, pudieron delinquir para celebrar el pasado 9 de noviembre un sucedáneo de consulta soberanista que había prohibido el Tribunal Constitucional .

A pesar de que por ley tiene derecho a ser interrogado en su despacho, como hizo Jordi Pujol en 1984, en el caso Banca Catalana, el presidente de la Generalitat acudirá al juzgado el próximo 15 de octubre, acompañado de un abogado.

La ex vicepresidenta y la consejera de Educación lo harán, también como imputadas, dos días antes. Mas, Ortega y Rigau deberán responder a las acusaciones de la Fiscalía, que les imputa cuatro delitos: desobediencia, prevaricación, malversación de dinero público y obstrucción a la justicia. Estos delitos implican penas que van de los seis meses a los diez años de inhabilitación, y prisión de tres a seis años, en el caso de que se constate la malversación. Los magistrados, en el auto de enero por el que admitieron a trámite la querella, apreciaron indicios de que el dirigente nacionalista y los dos miembros de su gabinete cometieron un delito de desobediencia por no hacer caso de la suspensión de la consulta, pues «continuaron los actos preparatorios» del sucedáneo de referéndum.

Según aquel auto, mantuvieron la «publicidad institucional» y realizaron «actos administrativos de desarrollo de carácter verbal» o por la «vía de hecho».