Unos 400 alcaldes arroparán a Mas en su cita judicial
Investigan la compra de 7.000 ordenadores con dinero público.
Un presidente de la Generalitat declarará hoy jueves como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), un acontecimiento casi inédito en más de 35 años de democracia y que únicamente tiene como precedente en Cataluña la querella contra Jordi Pujol por el caso Banca Catalana en el año 84. El independentismo, que entiende la causa contra el 9-N como una persecución política contra Artur Mas y el proceso soberanista que lidera, redoblará hoy las protestas ante el TSJC, donde comparecerá el jefe del Ejecutivo autonómico, acusado de cuatro delitos por su actuación en la consulta alternativa del 9-N.
La Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural han convocado a los suyos a las 9.30 horas para arropar al dirigente nacionalista y en defensa de la democracia y las instituciones catalanas, aunque la jornada reivindicativa para el independentismo arrancará mucho antes, pues Mas y los principales dirigentes del secesionismo participarán a primera hora de la mañana en la ofrenda floral en el homenaje a Lluís Companys por el 75º aniversario de su fusilamiento por las tropas franquistas. Un hecho histórico y cargado de simbolismo, el del único presidente europeo elegido por las urnas que murió ejecutado en el siglo XX, que Mas aprovechará para trazar una analogía y reforzar su figura entre el independentismo y presentarse como un gobernante perseguido por el Estado en plenas negociaciones con la CUP, partido que se resiste a investirle presidente de la Generalitat. Después de su cita como imputado ante el juez, el dirigente convergente hará una comparecencia desde el Palau de la Generalitat.
Ambiente caldeado
La declaración del líder nacionalista llega caldeada por las concentraciones del martes, durante y después de las comparecencias de Irene Rigau y Joana Ortega, y el comunicado que hizo el TSJC, en el que cargo contra la Generalitat por ejecutar un «ataque directo y sin paliativos» a la independencia judicial y tratar de presionar a los jueces.
El Gobierno catalán hizo ayer oídos sordos de las críticas del órgano de gobierno de los jueces y anunció que el paseíllo y las protestas en las escalerillas del juzgado volverán a repetirse «con toda normalidad» este jueves. El secesionismo busca una imagen que emplear como el ejemplo de que en el Estado español se persigue a demócratas y se judicializan conflictos territoriales.
Desde la ANC, mientras, criticaron el comunicado del TSJC al considerar que se trata de un intento por parte de los poderes del Estado de «coaccionar» el derecho a manifestarse. «Este derecho es irrenunciable e imprescindible», señalaron las plataformas soberanistas.
A la espera de la comparecencia de este jueves la querella contra Mas, Rigau y Ortega sigue su curso y el TSJC ha enviado un requerimiento a la Generalitat para que le facilite la factura de los 7.000 ordenadores que el Ejecutivo catalán compró para el 9-N. Una adquisición que admitió la consejera de Educación, aunque precisó que la compra de los equipos informáticos «ya estaba prevista» para necesidades docentes posteriores y que en la actualidad están a disposición de las escuelas.