La Cámara catalana pone la directa hacia la creación de una república independiente

El 9 de noviembre no solo fue el día en que cayó el Muro de Berlín. También será recordado en Cataluña como la fecha en que se celebró una seudo consulta sobre la independencia en 2014 y en la que el Parlamento catalán proclamó en 2015 de manera solemne el inicio del proceso hacia la creación de un estado independiente en forma de república.

Un día después de que el Tribunal Constitucional rechazara tomar medidas cautelares y permitiera la celebración del pleno, a pesar de que Ciudadanos y el PP le habían pedido que lo impidiera en sendos recursos de amparo, la Mesa y la Junta de Portavoces fijaron ayer para el lunes próximo, 9 de noviembre, el debate y la votación de la resolución más trascedental en la Cámara catalana desde la recuperación de la democracia en 1977. Será además el primer pleno de la legislatura, lo que aumenta la carga simbólica que tanto gusta a los independentistas, y será aprobada por los dos partidos que la impulsan, Junts pel Sí y la CUP.

Catalunya Sí que es Pot, la alianza de Podemos, Iniciativa e Izquierda Unida, presentará su propio texto y en principio rechazará la resolución independentista, y no tendrá más apoyo que el de sus once diputados.

Una declaración solemne que los partidos no soberanistas ven ilegal, mientras que los secesionistas consideran que es fruto del mandato de las urnas del 27-S, y que estará muy poco tiempo en vigor, ya que desde el Gobierno de Mariano Rajoy y el PP catalán garantizaron que antes del viernes de la próxima semana ya estará suspendida por el Constitucional, previa impugnación del Ejecutivo central.

La anulación por parte del alto tribunal no inquieta, en cualquier caso, a los independentistas, que insisten por activa y por pasiva que diga lo que diga la corte de garantías seguirán aplicando la resolución, pues se sienten legitimados para ello como consecuencia de la victoria electoral y de la mayoría absoluta obtenida en las pasadas elecciones catalanas. «Aunque el Constitucional suspenda la resolución, nuestra determinación es total. Tenemos un mandato y una mayoría clara en el Parlamento, y tenemos que llevar adelante nuestro compromiso con los ciudadanos. Nos sentimos obligados a velar por el cumplimiento de ese compromiso que ahora, desde el 27-S, es un mandato del pueblo de Cataluña», expresó el portavoz del grupo de Junts pel Sí en la Cámara catalana, Jordi Turull, en la cadena Ser.

La propia declaración afirma en su punto sexto que el «Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado, en particular del Tribunal Constitucional». Junts pel Sí y la CUP están resueltos a cumplir «exclusivamente» las normas y mandatos emanados del Parlamento autonómico, y «adoptarán las medidas necesarias» para poner en marcha el proceso de desconexión.

El programa de la coalición habla de un periodo de 18 meses, hasta la proclamación de la independencia, pero la declaración de inicio del proceso habla que dentro de un mes la Cámara catalana tiene que empezar a elaborar las leyes del proceso constituyente, la seguridad social y la hacienda pública. Es en ese momento cuando teóricamente se producirá la desobediencia al Constitucional y habrá que ver cuál es la reacción del Gobierno central, que lleva semanas anunciando medidas proporcionales a un acto de «sublevación», según lo califican desde el PP catalán.

De momento y más en concreto, Junts pel Sí y la CUP, según un anexo pactado e introducido ayer en la declaración de soberanía, se comprometen a que el futuro Gobierno de la Generalitat aplicará algunas de las leyes que fueron aprobadas en Cataluña pero que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional, como es el caso de las medidas para evitar la pobreza energética, previo recurso gubernamental. En cambio, el futuro Ejecutivo hará caso omiso de aquellas normativas estatales que puedan chocar con las impulsadas desde el Parlamento autonómico. Por ejemplo, la ley Wert, la del aborto o la de régimen local.

El texto es un guiño social de Junts pel Sí a la CUP y amplía el pacto de ruptura.