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León

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A partir de la aprobación de la declaración independentista, Junts pel Sí y la CUP tienen 30 días para iniciar los trabajos de cara a poner en marcha la tramitación de las leyes del proceso constituyente, la seguridad social y la hacienda catalana, los tres pilares básicos del hipotético Estado catalán que el secesionismo quiere construir en 18 meses.

Los partidos de la oposición, en cambio, no tienen previsto participar en estas sesiones, en parte porque podrían estar incurriendo en desobediencia a las resoluciones del Constitucional y también como muestra de su rechazo a la moción de ruptura aprobada ayer por el Parlamento catalán. En cuanto el Constitucional suspenda la declaración solemne, Ciudadanos, PP y PSC darán el texto por muerto y tratarán de boicotear en la medida de sus posibilidades —escasas, porque entre los tres solo suman 52 de los 135 diputados de la cámara— los trabajos parlamentarios que traten de desarrollar ilegalmente su contenido. Los tres partidos, que hasta la fecha habían evitado ir a una, no participarán en las reuniones de la Mesa, la Junta de Portavoces, de las comisiones o del pleno que vayan a tratar estos asuntos para no incurrir en desacato. Será una nueva escenificación del recién nacido eje constitucionalista, que ya intentó paralizar la celebración del debate sobre la resolución secesionista acudiendo junto al Constitucional a presentar un recurso de amparo. Inés Arrimadas, Miquel Iceta y Xavier García Albiol se hicieron una fotografía ante el tribunal que visualizaba la formación de un bloque antiindependentista por primera vez en años.

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