Rajoy, tranquilo pero vigilante tras la decisión del Tribunal Constitucional

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su comparecencia en La Valeta.
Mariano Rajoy lanzó ayer una advertencia a Artur Mas y a aquellos responsables de las instituciones catalanas que pudieran ignorar la decisión del Tribunal Constitucional sobre la declaración secesionista del Parlamento de Cataluña para que no crean que, una vez lograda la suspensión del texto, se echará a dormir. El presidente del Gobierno dejó claro desde Malta que seguirá vigilante a cualquier incumplimiento de la ley . «No quiero que se me malinterprete -dijo-, pero yo no voy a mirar para otro lado; estamos hablando del asunto más grave que tiene España sobre la mesa».
La salvedad inicial de su frase no venía a humo de pajas. Rajoy está empeñado en no dar excusa al victimismo de los independentistas y en ofrecer una respuesta que consuetudinariamente pueda considerarse «proporcional» al órdago echado al sistema constitucional español. Por eso mismo matizó que ahora no hay ninguna razón que justifique la puesta en marcha de más «procedimientos excepcionales», lo que no significa que no vaya a echar mano de ellos en un futuro si es necesario.
El Gobierno confía en que la reforma del Tribunal Constitucional que aprobó el PP en los últimos días de la legislatura le ahorre algún trabajo. Entre otras cosas, porque permite a la corte iniciar un procedimiento de exigencia de responsabilidades (bien sea un requerimiento, una sanción o incluso la suspensión, según la gravedad de los hechos) contra quien desobedezca sus decisiones. En todo caso, y así lo explicitó también el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una entrevista en Onda Cero, está dispuesto a instar personalmente el proceso si el tribunal no lo hiciera de oficio.
Rajoy quitó, de hecho, relevancia a que en la notificación que el miércoles hizo el Constitucional a 21 responsables del Gobierno y el Parlamento autonómico se les apercibiera de las responsabilidades penales en que incurrirían si permitieran cualquier iniciativa que suponga ignorar la suspensión acordada pero no les advirtiera explícitamente, y como había reclamado el propio Ejecutivo, de que podría llegar a suspensidos.
«Para mí lo clave es que el Constitucional ha suspendido la resolución. La inhabilitación (de las autoridades públicas) es algo que está en la ley -avisó Rajoy-; una posibilidad que está ahí si alguien incumple». En la misma línea, pero incluso un paso más allá, Catalá recordó que la reforma permite también al tribunal encomendar al Gobierno la ejecutición subsidiaria de «lo que no se esté haciendo» para cumplir sus resoluciones, esto es, que llegado el caso el Ejecutivo podría sustituir a la Generalitat en cuestiones muy concretas (una suerte de atajo para no aplicar el temido y denostado artículo 155 de la Constitución).