el desafío soberanista catalán
Artur Mas prevé burlar el veto del TC siguiendo la estrategia del 9-N
Los aludidos reciben en mano el aviso de la corte de que actuará si incumplen la suspensión.
El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, en el debate de investidura.
Veinticuatro horas después de que el Tribunal Constitucional suspendiera de manera cautelar la moción independentista, el presidente de la Generalitat ignoró la decisión de la corte y lanzó un desafío en toda regla. «El año pasado, ya suspendieron la consulta del 9-N y las urnas se pusieron y la gente fue a votar», afirmó en sede parlamentaria. «Nos dijeron que no se podría y encontramos la manera de celebrar la votación», dijo. Con esta comparación, Mas dio a entender que a pesar de que la resolución de ruptura está anulada, el Parlamento catalán y el Ejecutivo autonómico pondrán en marcha los trabajos para elaborar las leyes del proceso constituyente, la seguridad social y la hacienda propia, que vienen incluidas en el texto suspendido y cuyos trabajos deberían arrancar en cuatro semanas. Mas, en cualquier caso, aseguró que «no se trata de saltarse legalidades, sino que lo que está reclamando una parte muy importante de este país es sustituir las legalidades, una española por una catalana». «Es ajustarse a unos marcos legales, pero unos marcos legales diferentes», dijo.
La diferencia entre la situación de hace un año y la actual es la reforma del Constitucional aprobada por el PP. De hecho, en la propia suspensión del Constitucional se apercibe a las personas responsables de que una eventual desobediencia de su mandato les llevaría a incurrir en un delito y también a la suspensión de sus funciones. Los apercibidos son Artur Mas; la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, los integrantes de la Mesa de la cámara y los miembros del Ejecutivo autonómico, en total 21 altos cargos catalanes. Todos ellos recibieron ayer el aviso por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Aun así, por saltarse la suspensión del Constitucional y poner las urnas el 9-N, la Fiscalía se querelló hace un año contra el presidente de la Generalitat, su vicepresidenta y la consejera de Educación, que están imputados por cuatro delitos, uno de ellos el de desobediencia, por los que hace un mes declararon ante el juez que instruye el caso. Podrían acabar inhabilitados o incluso condenados con penas de prisión. Mas acusó al Gobierno de utilizar políticamente el Constitucional. «Es un abuso total», afirmó. «Un Gobierno de talante democrático se sienta a la mesa, escucha, negocia y llega a acuerdos, en vez de ir al Constitucional cada día pidiendo la suspensión de cualquier norma», remachó.
Desde la oposición, los líderes de Ciudadanos, PSC y PP instaron a Mas a que aclare si incumplirá la suspensión que decidió el miércoles el Constitucional. «Si usted es tan valiente para saltárselo, ¿por qué no responde?», preguntó Inés Arrimadas. «No haga imposible el diálogo con el Estado emprendiendo la vía de la ilegalidad», dijo Miquel Iceta. Xavier García Albiol, por su parte, pidió -sin éxito- a la presidenta del Parlamento que manifieste públicamente que acatará la resolución del Constitucional.
Casos de sedición
El comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, ha ordenado a todos los agentes del cuerpo que le remitan cualquier atestado sobre eventuales casos de sedición en Cataluña, para que sea él quien personalmente asuma «en todos los supuestos y sin excepción» las decisiones a adoptar.
En un comunicado interno, Trapero hace llegar a los mossos una serie de directrices para «dar seguridad jurídica» al cuerpo tras recibir un escrito del Fiscal jefe de la Audiencia Nacional que les ordena que elaboren informes o atestados y lo remitan a los tribunales si en el proceso independentista catalán se produjera un delito de sedición, de rebelión, contra la corona y contra las instituciones del Estado.