El Gobierno pide a Mas que admita su fracaso y pare el desafío continuo al Estado

El Gobierno de Mariano Rajoy reclamó ayer a Artur Mas que reconozca que ha fracasado en su intento de imponer un Ejecutivo independentista a los partidos que en las pasadas elecciones catalanas lograron el 52% de los votos -los que postulan el mantenimiento en España de esta autonomía- y que dé por finalizado su desafío al Estado y a la Constitución.

La vicepresidenta del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se dedicó a hurgar en la herida política del líder de Convergéncia, que vive sus horas más bajas y sólo escucha peticiones de retirada tanto desde los partidos constitucionalistas como desde las filas de la CUP. Esta semana recibió dos rotundos noes del Parlament a su investidura que han colocado a Cataluña en una situación de bloqueo institucional del que no se sabe si podrá salir en las próximas semanas o si le va a conducir, tras el 9 de enero, a la repetición de las elecciones autonómicas, que serían las terceras en tres años.

La número dos del Ejecutivo aseguró que lo único que ha conseguido hasta ahora el presidente en funciones de la Generalitat es «fracturar» y partir en dos mitades a la sociedad y las instituciones catalanas y aprobar un declaración de independencia y de desconexión con España que en solo 48 horas ha sido suspendida por el Ejecutivo central y el Tribunal Constitucional, con el apoyo del principal partido de la oposición, el PSOE, y de otras formaciones como Ciudadanos.

Soraya Sáenz de Santamaría hizo un llamamiento oficial a Artur Mas a que «reflexione». Considera que está en una «situación delicadísima», sin apoyos parlamentarios para constituir el Gobierno de la Generalitat, con las primeras divisiones y críticas públicas dentro de Convergència, y sin el aval para su deriva rupturista ni de los resultados de las elecciones autonómicas -ganadas en su opinión por los no secesionistas, no en escaños, pero sí en votos- ni de la propia Constitución española.

La vicepresidenta le aconsejó que renuncie a la idea de ser investido presidente de la Generalitat «a cualquier precio» y que deje de hacer todas las concesiones posibles a la CUP sin importarle lo más mínimo el cumplimiento de la ley, porque, remarcó, «por un cargo no merece vender una comunidad autónoma» a una formación que considera radical y antisistema. «Al final -continuó-, uno tiene que ser consecuente» y «no puede someter a un pueblo como el de Cataluña a esa fractura» social, porque, añadió, «Cataluña funciona bien, quien no lo hace es su actual presidente en funciones y quienes le acompañan».

La encuesta «buena»

Sáenz de Santamaría, sin embargo, restó importancia a la encuesta que publicó ayer el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (el ‘CIS catalán’), elaborada solo un mes después de las autonómicas catalanas del 27 de septiembre, que refleja la tendencia a un significativo aumento de los escaños independentistas en el Parlament, gracias al importante crecimiento de la CUP, así como a un potente resurgir del sentimiento favorable a la secesión de España. Recordó que la encuesta «buena», «la que responde a la realidad», se hizo en las autonómicas del 27-S, en lo que describió como el plebiscito político ilegal que quiso celebrar Artur Mas, cuando los separatistas no llegaron al 48% y los no rupturistas sumaron el 52% de los votos.

Llamamiento

La número dos del Ejecutivo, al igual que hizo el jueves Mariano Rajoy desde Malta, no quiso echar más gasolina al fuego y evitó responder a qué hará el Gobierno si los responsables de las instituciones catalanas desobedecen abiertamente la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional y desarrollan la resolución de desconexión con España paralizada el miércoles por la corte. «Esperemos que la suspensión sea el último punto de esta historia», comentó justo antes de concluir su intervención con el llamamiento «a todos» los altos cargos de la Generalitat y del Parlament, los que han sido apercibidos personalmente de sanciones y responsabilidades penales por parte de la corte de garantías, a «respetar las leyes y las resoluciones de los tribunales».

La vicepresidenta se contuvo para no enturbiar aún más la crisis territorial e institucional y porque, de hecho, Rajoy ya advirtió de que, si al final las amenazas de desobediencia lanzadas por Mas y los independentistas se consuman, el Estado «no mirará para otro lado» y «actuará». Como acordó con Pedro Sánchez, usará la «firmeza» necesaria en cada momento, «proporcional» a la acción de los secesionistas.