La Fiscalía actúa contra cinco ayuntamientos por la resolución
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha puesto en el punto de mira a cinco ayuntamientos catalanes, el de Gerona, Celrá (en esta provincia), La Seu d’Urgell (Lérida), e Igualada y Sant Cugat del Vallés (Barcelona), para determinar si los representantes de sus respectivos plenos pudieron cometer delitos de rebelión, sedición o desobediencia, entre otros, al aprobar una moción de apoyo a la resolución independentista del Parlamento de Cataluña, anulada ayer por el Tribunal Constitucional.
La denuncia fue presentada el pasado 26 de noviembre por el fiscal jefe, Javier Zaragoza, y en ella se señala que la adopción de acuerdos de apoyo a la resolución del 9-N podría constituir «no sólo delitos de rebelión o sedición», sino también los de «prevaricación, desobediencia, uso indebido de fondos públicos o usurpación de atribuciones».
La denuncia, remitida a partir de la información facilitada por la Guardia Civil, señala la necesidad de perseguir por la vía penal a quienes hagan «caso omiso» de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la resolución independentista o realicen «actos de ejecución de ese mandato ilegal o de apoyo al mismo por cualquier autoridad (sea local, provincial o autonómica), o por particulares». Es en este último punto donde se enmarcarían las mociones aprobadas.
Sobre los ayuntamientos de La Seu d’Urgell y Celrá, los jueces centrales de instrucción Fernando Andreu y Santiago Pedraz han incoado diligencias previas de investigación y han solicitado a las dos corporaciones regidas por alcaldes independentistas que les envíen las mociones aprobadas y los informes de los secretarios e interventores municipales. Asimismo, que les faciliten la identidad de los concejales que las apoyaron.
De forma paralela y para todos los casos, el fiscal jefe pide al comisario jefe de los Mossos que informe «urgentemente» sobre los hechos que se citan, identidad de los miembros del Consistorio que votaron a favor y en contra de la moción y la decisión adoptada.
La Fiscalía considera que puede actuar contra estos consistorios porque la «ilegalidad» de la resolución del Parlament, que salió adelante con los votos de Junts pel Sí y la CUP, ha quedado «certificada» en «el fondo y en las vías empleadas» por la suspensión adoptada por el TC el pasado 11 de noviembre. Recordó, además, que el tribunal de garantías requirió a los miembros de la Mesa del Parlamento catalán y a los del Gobierno de la Generalitat para que impidieran o paralizasen «cualquier iniciativa» que supusiera «ignorar o eludir la suspensión acordada».
El delito de rebelión está castigado con penas de 25 a 30 años, mientras que para la sedición se contemplan penas de 10 a 15 años de cárcel.