El embajador Arístegui dimite, expedientado, tras conocerse sus actividades lobistas

El embajador de España en India, Gustavo de Arístegui, dimitió ayer después de que el PP le haya abierto un expediente disciplinario y el Ministerio de Hacienda decidiera investigar sus actividades como presunto lobista para empresas españolas mientras desempeñaba cargos públicos como diputado y representante diplomático. En el Ministerio de Asuntos Exteriores adujeron que la decisión obedecía a «razones personales», pero De Arístegui reconoció en una carta al ministro José Manuel García-Margallo que se va para «no perjudicar al Gobierno» y por los «ataques repugnantes» contra su «honor».

En La Moncloa y en la calle Génova de Madrid respiraron al conocer la dimisión del embajador en India. Su continuidad en el cargo era una poderosa arma para el socialista Pedro Sánchez en el debate que mantendrá hoy con Mariano Rajoy porque serviría de muestra de la corrupción instalada en el PP. De Arístegui, así como el diputado del PP por Segovia Pedro Gómez de la Serna, actuaron presuntamente como intermediarios de empresas españolas para conseguir contratos de gobiernos de América Latina y África. Por esos trabajos cobraron a través de sus empresas Karistia y Scardovi jugosas comisiones de hasta el 5% que llegaron a cifras millonarias. De Arístegui compaginó ese trabajo de lobista con el de diputado en el Congreso hasta 2011, y aún después desde la Embajada en India.

Ambos alegan que obtuvieron permiso del Congreso para compatibilizar su labor de parlamentarios con su actividad empresarial privada. El problema, al parecer, es que la descripción del trabajo de intermediario o de lobista no aparece especificada porque de haberse precisado, según fuentes parlamentarias, la compatibilidad no hubiera sido posible. A este respecto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtió el viernes que «si se pide compatibilidad se debe explicar qué se hace».

El estallido del caso en plena campaña electoral causó honda preocupación en el PP y en el Gobierno, que abrieron sendas investigaciones. La dimisión, por tanto, fue un bálsamo para las preocupaciones gubernamentales y populares. De Arístegui era consciente de esa inquietud y explicó en la carta a Margallo que deja el cargo para no dañar al Ejecutivo ni a «su presidente en plena campaña electoral».

El diplomático asegura ser víctima de una «campaña de destrucción» basada en informaciones que son «falsas, o manipuladas o medias verdades». Sostiene además que se ha hecho «una sucia utilización partidista en la campaña» de sus actividades privadas. De Arístegui también se queja de haber sido objeto de «un linchamiento mediático» que es incomprensible en un estado de derecho.

El Gobierno y el PP se felicitaron por «la rapidez» de su reacción para atajar este caso de presunta corrupción. Pero la continuidad de ambos en sus cargos era una bomba electoral en manos del PSOE para el debate de hoy. Exteriores justificó que no podía destituir a De Arístegui hasta que no concluyera la investigación de Hacienda, y el diputado no podía ser apartado de la lista porque la Junta Electoral Central había proclamado su candidatura. La única salida era que ambos dimitieran. Paso que ha dado el embajador, pero no el diputado, al menos por ahora.