La Generalitat rebaja su hoja de ruta soberanista frente a la idea de ERC

El Gobierno de Carles Puigdemont no lleva ni un mes en marcha y ya empiezan a salir a flote las contradicciones internas en el seno de un ejecutivo, en el que cohabitan dirigentes de Convergència, de Esquerra e independientes.

Un día después de que la portavoz de Junts pel Sí en la Cámara catalana, la republicana Marta Rovira, lanzara un aviso para navegantes y recordara que el programa de la coalición independentista fija la «declaración de independencia» en el plazo de los 18 meses previstos para esta legislatura, la Generalitat corrigió ayer a la dirigente de Esquerra, rectificó la hoja de ruta soberanista y la «proclamación» de secesión contemplada en el programa la rebajó a «declaración de intenciones».

Además, la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, no supo concretar cuándo se impulsaría esta declaración de intenciones, ya que en un primer momento dijo que sería antes de las elecciones constituyentes, que deberían celebrarse en principio en el segundo semestre de 2017, aunque al mismo tiempo señaló que convocar unas elecciones de carácter constituyente ya «implica» una declaración de intenciones sobre la voluntad de los catalanes de constituirse en un Estado independiente y por tanto dejó en el aire que esa resolución solemne pueda aprobarse.

Una vez más, el proceso soberanista vuelve a perderse en la semántica y en la búsqueda de eufemismos, que denotan que los planes de unos y otros miembros del Gobierno autonómico y de la formación que apoya a este ejecutivo no son del todo coincidentes: hay quien tiene más prisa y los hay que prefieren pisar el freno, a la espera de que aumente la base social soberanista. Munté, que compareció en el Palau de la Generalitat, para dar cuenta de la reunión celebrada entre Carles Puigdemont e Inés Arrimadas, trató de lanzar un mensaje de «unidad de acción» y negó que haya discrepancias, a pesar de que ya las han verbalizado en público, en el poco tiempo (dos semanas y media) que lleva trabajando el nuevo gabinete de Puigdemont. Y es que no es lo mismo, mantener que Cataluña declarará la independencia en cuanto apruebe las leyes de transitoriedad jurídica, hacienda propia y seguridad social de aquí a dentro de 18 meses, que decir que esta proclamación será al final del proceso, después de unas hipotéticas «elecciones constituyentes» (una especie de 27-S bis) y después de que la ciudadanía ratifique en un eventual referéndum la Constitución catalana, que partidos y sociedad civil elaborarán en los próximos meses. Lo que empieza a quedar más o menos claro, es que la proclamación final, que Munté no quiso ponerle fecha orientativa de cuándo podría producirse, no será en el mes de julio del año que viene, como empezaban a proponer desde la sociedad civil secesionista.

La «declaración de intenciones» casa con la posición que está manteniendo el presidente Carles Puigdemont en sus intervenciones y en las entrevistas que ha concedido hasta la fecha, en las que ha descartado la independencia unilateral. A su juicio, con 72 diputados (sobre 135), está legitimado para iniciar la fase final del proceso, pero con el 47,8% de los votos entiende que no puede culminarlo, hasta que la mayoría de la población apoye la secesión. Munté añadió ayer un nuevo argumento para rechazar la declaración unilateral. «Se entiende de manera negativa en la UE», afirmó. «Tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje y con las formas», dijo. Por ello, insistió en que la secesión deberá llegar a través del pacto, «de la negociación y del diálogo» con el próximo gobierno español y con las autoridades de Bruselas. Lo que tampoco aclaró la Generalitat es cómo piensa organizar ese referéndum de ratificación de la Carta Magna, teniendo en cuenta que ni siquiera ha podido celebrar una consulta no vinculante sobre el futuro político de Cataluña.