Buscan pruebas de la financiación del PP madrileño
Velasco precipita cinco registros en Púnica ante las sospechas de entregas de dinero.
Fachada de la sede del PP en la calle Génova. fernando alvarado
mateo balín | madrid
De nuevo un requerimiento judicial de la Audiencia Nacional. De nuevo el foco en la sede del Partido Popular en la calle Génova número 13 de Madrid. De nuevo una investigación sobre supuesta financiación irregular del partido, aunque esta vez del PP madrileño presidido por Esperanza Aguirre.
En diciembre de 2013 el juez Pablo Ruz mandó a la Policía Nacional a por documentación referida a la causa de la ‘caja B’ a partir de la publicación de los ‘papeles de Bárcenas’. Y ayer, dos años y dos meses después y con el PP en serio riesgo de pasar de la mayoría absoluta a la oposición parlamentaria, el juez Eloy Velasco hizo lo propio con la Guardia Civil en busca de pruebas en el marco de la trama Púnica, la «gigantesca red de tráfico de influencias» en ayuntamientos de Madrid, Valencia, Murcia y León.
Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción número seis, abrió el melón de la operación contra la corrupción municipal y regional en octubre de 2014. En la actualidad hay un centenar de investigados, «muchos de ellos no relacionados entre sí», y en septiembre pasado el juez dividió el procedimiento en 12 piezas separadas para agilizar la instrucción, que ha tratado de llevar con mucho sigilo.
Los cinco registros ordenados ayer formarían parte de la octava pieza, referida a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, actualmente en prisión preventiva, y sus colaboradores. El juez investiga supuesto blanqueo de capitales y cohecho en la entrada de agentes de Unidad Central Operacitva (UCO) de la Guardia Civil a la sede del PP de Madrid, ubicada en la primera planta de Génova 13.
Allí tiene todavía su despacho el ex gerente regional Beltrán Gutiérrez, el último sospechoso de la Púnica, a quien han registrado su ordenador en su presencia y se llevaron documentación. Gutiérrez dimitió de su cargo tras su imputación en el ‘caso de las tarjetas opacas’ de Cajamadrid, donde se enfrenta a un año de cárcel por apropiarse de 58.000 euros, pero Aguirre le mantuvo como empleado con despacho hasta hoy. Lleva unos 20 años en el PP. Los agentes también entraron en su domicilio por orden del juez.
De forma paralela, la UCO entró en los despachos laborales y en el domicilio del segundo de los protagonistas de los registros, Javier López Madrid, miembro del consejo de administración del grupo de construcción y servicios OHL.
Todas estas intervenciones, que concluyeron hacia las 19.00 horas, se enmarcan en los referidos delitos de cohecho y blanqueo, puesto que en el momento de producirse las presuntas entregas del dinero del empresario al político aún no existía el de financiación irregular de partidos políticos, que llegó con la última reforma penal. El tema no es menor, ya que la relación entre ambos sospechosos tiene como punto final la citada supuesta financiación ilegal del PP de Madrid, según fuentes jurídicas.