El TSJC reclama que no se judicialice el problema catalán
El juez Barrientos advierte a Puigdemont de que la ley no debe desbordar el estado de derecho.
El nuevo presidente del TSJC, Jesús María Barrientos. a. garcía
cristian reino | barcelona
El magistrado Jesús María Barrientos tomó ayer cargo como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Lo hizo saliéndose del tono neutral que suele imperar en los discursos de los jueces y sorprendió con un contundente aviso a la clase política: que deje en paz a los jueces, que le ponga imaginación y resuelva el conflicto catalán fuera de los juzgados.
«Que nadie acuda a los juzgados y tribunales en busca de soluciones al debate social abierto actualmente en Cataluña», afirmó. «Sólo a los responsables políticos -añadió- corresponde encauzar ese debate y articular respuestas imaginativas que puedan resultar aceptadas por amplias mayorías sociales».
La llamada de atención era para el Gobierno central y el catalán, inmersos en una guerra judicial, como consecuencia del proceso independentista, en el que casi no hay semana en que no haya un recurso al Constitucional, un contra recurso o una querella criminal, lo que ha contaminado de lleno el debate político y ha tensado las relaciones, hasta dinamitar los puentes de diálogo. Uno de los destinatarios del mensaje, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, no estuvo presente en el acto de toma de posesión. Un plantón, inédito hasta la fecha por parte del Palau de la Generalitat, que escenificó el desencuentro que hay entre el Ejecutivo catalán y la cúpula judicial por el nombramiento de Barrientos, del sector conservador y muy criticado por el soberanismo, y también por la querella presentada por la Fiscalía del TSJC por la consulta del 9-N.
advertencia
Barrientos, que pasa a ser el presidente del tribunal que está instruyendo el caso 9-N, por el que están imputados Artur Mas, Joan Ortega e Irene Rigau, marcó perfil y advirtió al independentismo de que ninguna ley puede entenderse democrática si desborda el estado de derecho. Lo dijo, después de situar al Parlamento catalán como «depositario de la voluntad democráticamente expresada por el pueblo catalán» y de reconocer que la Cámara autonómica está «plenamente legitimada para emprender iniciativas de mejora del marco de relaciones» entre Cataluña y el resto de España.