Justifican el rechazo de facturas

Tres altos funcionarios de la Generalitat Valenciana que conocieron las facturas presentadas por el Instituto Nóos por promover la candidatura de Juegos Europeos coincidieron ayer en que los casi 2 millones de euros de gastos que se rechazaron no podían abonarse porque no estaban justificados.

Ante el tribunal de la Audiencia de Palma que juzga el caso Nóos comparecieron como testigos quienes a finales de 2005 y en 2006 eran secretaria general administrativa de Presidencia, Ana Brusola; la interventora del mismo departamento, Irene Chova; y el abogado general de la Generalitat, José Marí.

Los tres coincidieron en que se rechazaron 123 facturas presentadas por la asociación de Iñaki Urdangarín y Diego Torres.