El Constitucional suspende la ley catalana antidesahucios
La Generalitat, con el apoyo de todos los partidos incluido el PP, ultima una nueva norma.
La consellera de la Presidencia, Neus Munté. TONI ALBIR
c. reino | barcelona
El pleno del Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso d inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central contra varios artículos de la ley catalana de emergencia social. La ya célebre ley 24/2015, aprobada por la Cámara catalana y que plantea acciones urgentes contra los desahucios y para paliar la pobreza energética. Entre otras medidas, obliga a los bancos a ofrecer un alquiler social a las familias que pierdan su piso por impago.
La norma ahora suspendida estuvo en el centro de las reuniones que hace más de un mes celebraron en La Moncloa Mariano Rajoy y Carles Puigdemont y días después Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras. El presidente y el vicepresidente catalanes reclamaron al Ejecutivo central que, como gesto de voluntad para reforzar el incipiente deshielo en las relaciones entre La Moncloa y el Palau de la Generalitat, no impugnara la ley o al menos no solicitara su suspensión cautelar. La respuesta del Gobierno del PP fue muy criticada en Cataluña y fue interpretada por la administración autonómica como un portazo al diálogo por parte de Rajoy. El Estado recurrió la parte de la ley que hace referencia a la lucha contra los desahucios y salvó la que está relacionada con la pobreza energética, que entre otras medidas fuerza a las empresas a que asuman parte del coste energético de las familias y evita el corte de suministros básicos, como la luz, el gas o el agua. El Gobierno central afirmó que su decisión era técnica y no política. «Por incumplir algunos aspectos procesales que afectan a la igualdad de los españoles», justificó Soraya Sáenz de Santamaría. En su impugnación, el Ejecutivo central pidió la suspensión cautelar de cinco artículos y tres disposiciones, que quedan en el aire mientras el Constitucional, que tiene cinco meses, se pronuncia sobre el fondo del recurso.
La ley, que dotaba a los ayuntamientos de mecanismos para hacer uso de los pisos vacíos de la banca y obligaba al aumento del parque público de vivienda, fue aprobada por la Cámara catalana por unanimidad a partir de una iniciativa legislativa popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Su impugnación por parte del Gobierno consiguió una imagen inédita, la de todos los partidos del Parlamento catalán (PP incluido), junto a los principales alcaldes de Cataluña, sentados en una misma mesa para buscar una respuesta conjunta. Un mes después de aquella cumbre, buena parte del arco político catalán -todos los partidos menos Ciudadanos y el PP- se manifestaron unidos y compartieron pancarta con las entidades sociales y soberanistas y los sindicatos para protestar contra las decisiones del Constitucional.
La corte, en cualquier caso, quiso destacar ayer que la suspensión es «automática» y que en la medida en que el Gobierno invocó el artículo 161.2 de la Constitución, el tribunal «no puede» tomar una decisión que «difiera» de lo que establece la norma. Por ello, desde la Generalitat señalaron que ya esperaban la decisión del pleno. La respuesta del Ejecutivo autonómico surgió de la cumbre que convocó Carles Puigdemont y que consiste en aprobar una nueva ley que pueda sustituir a la impugnada. La portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, aseguró que la norma está casi a punto y que en los «próximos días» verá la luz un decreto-ley que «permitirá garantizar el derecho a la vivienda y evitar los desahucios».