El abogado de la infanta en el caso Nóos solicita su absolución

m. sáiz-pardo | madrid

Debía ser un trámite de apenas unos segundos para insistir en la inocencia de su cliente, pero Pau Molins, el letrado de la infanta Cristina, aprovechó para lanzar un duro ataque a Manos Limpias por, según dijo, su «gravísima temeridad» de llevar a Cristina de Borbón al banquillo sin pruebas. Una primera embestida contra la letrada de la acusación popular, Virginia López-Negrete, que se barrunta que será solo un anticipo de lo que llegará hoy con el informe del fiscal Pedro Horrach, que se espera que sea muy duro contra la postura del pseudosindicato bajo sospecha por participar presuntamente en una trama de extorsión y reclamar tres millones de euros por exculpar a la infanta.

Molins, como no podía ser menos, pidió la absolución de la hermana del rey Felipe VI, a quien Manos Limpias pide ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales por valor de 326.925,76 euros supuestamente cometidos por su marido en 2007 y 2008 a través de Aizoon, la sociedad que comparten al 50%. Pero el letrado, bajo la atenta mirada de Cristina de Borbón, presente en la sala, fue más allá y reclamó al tribunal que preside Samantha Romero una sanción a Manos Limpias por mala fe procesal y por mantener contra viento y marea la acusación contra la hermana del rey.

El abogado de la infanta, que también pidió la condena en costas para la acusación popular, denunció en este trámite de conclusiones el «mantenimiento obsesivo» de las acusaciones contra su patrocinada por parte de López Negrete, a sabiendas, insinuó el letrado, de que la imputación de que la infanta colaboró en la comisión de delitos fiscales de su marido solo por ser socia de Aizoon no se sostiene.

«Que se restablezca la justicia para Cristina de Borbón», clamó Molins, al tiempo que pidió que se aplique a Manos Limpias el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé sanciones económicas «para los casos de abuso de derecho». Una multa que, recordó el abogado, el sindicato ya ha tenido que afrontar en otros procedimientos en los que se probó su supuesta mala fe procesal.

En su escrito de conclusiones, avanzó Molins, la defensa de la imputada deja constancia del pago de los 587.413 euros que abonó a finales de 2014 para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos. O sea, la responsabilidad civil que la Fiscalía sí que reclamaba para la infanta Cristina, al entender que, aunque no incurrió en delito alguno ni cooperó en los ilícitos de Iñaki Urdangarín, sí que se «lucró» de los fraudes de su esposo.

Molins en la sala insistió en el «rotundo desacuerdo» de su patrocinada con la acusación de Manos Limpias. Y fuera del tribunal continuó con sus ataques a la acusación que sentó en el banquillo a su cliente y que ahora está cuestionada por la investigación abierta por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Insistió en el «gravísimo perjuicio» que el pseudosindicato ha provocado a la hermana de Felipe VI y se mostró convencido de conseguir un giro radical en los acontecimientos. Una suerte de convertir al acusador en acusado. «Lo que pretendemos es que se dicte una sentencia absolutoria, estableciendo una justicia para la infanta y condenando las actuaciones de Manos Limpias, a eso se le llama dar la vuelta a la tortilla», resumió gráficamente.

El letrado abundó en que el «abuso claro de derecho que efectúa Manos Limpias» en el caso de la infanta debe llevar emparejada una sanción en sentencia. «Parece ser que se llenaba la boca con la justicia, la transparencia y la defensa de los ciudadanos y ya hemos visto cuáles eran los verdaderos motivos que les han llevado a actuar», apuntó el letrado de la infanta.

Cristina de Borbón abandonó ayer Palma después de haber estado presente en las sesiones del pasado viernes y de ayer. La infanta, como el resto de los imputados, no deberá volver a la sala hasta el trámite de última palabra que se prevé que tenga lugar el 30 de junio.