El ex presidente catalán está más cerca de ser enjuiciado por desobedecer en el 9-N
La Generalitat afirma que es un proceso político que busca criminalizar al soberanismo.
El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, está más cerca del banquillo. SUSANNA SÁEZ
c. reino | barcelona
El juez que instruye la cusa la consulta soberanista del 9-N concluyó ayer la investigación y decidió mantener las acusaciones contra el ex presidente catalán Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera Irene Rigau. Joan Manel Abril Campoy, magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, desestimó la petición de sobreseimiento de la causa y ha colocado al ex presidente de la Generalitat y sus dos ex colaboradoras a un paso de sentarse en el banquillo.
El instructor estimó que no ha lugar a decretar el archivo de la causa, como habían solicitado los abogados de los tres imputados, que en breve podrían pasar a la condición de procesados, a la espera de que se fije fecha para el juicio. Antes, el juez dará traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la acusación popular para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura del juicio oral.
Según el auto judicial, existen suficientes indicios para mantener que Mas, Ortega y Rigau cometieron los delitos de desobediencia y prevaricación administrativa, cuando decidieron seguir adelante con la celebración del sucedáneo de consulta soberanista del 9-N de 2014, que la Generalitat denominó proceso participativo, a pesar de que estaba suspendida por el Tribunal Constitucional.
Los abogados de Mas, Ortega y Rigau siempre han defendido que el magistrado debería archivar la causa.
El Gobierno catalán insistió ayer en que se trata de un juicio político que busca criminalizar al soberanismo y denunció «intencionalidad» política en el día elegido por el juez (dos días después de las elecciones) para dar a conocer el auto. «Son movimientos políticos que siempre benefician a los mismos», dijo la portavoz de la Generalitat, Neus Munté.