Puigdemont avala que la secesión hará bajar el paro
Un informe concluye que el estado catalán sería viable económicamente.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. MARTA PÉREZ
agencias | barcelona
Carles Puigdemont ha empezado una doble campaña: hacia los ciudadanos, para difundir las supuestas bondades de la independencia de Cataluña, y hacia sus socios de la CUP, para apaciguar sus ansias revolucionarias y aplacar las críticas por la parsimonia con la que, desde su óptica, está conduciendo el proceso constituyente de un nuevo estado.
El presidente de la Generalitat presentó ayer un informe de la Revista de Catalunya sobre el ‘Impacto económico de la independencia’ que concluye que el estado catalán sería viable económicamente y que los costes para alcanzar la secesión serían moderados y asumibles a medio plazo. Es más, según sus autores, 19 académicos de la órbita soberanista, «el coste de seguir en España es incalculable».
Con el documento en la mano, y sólo unos días días antes de empezar a negociar con la CUP la cuestión de confianza a la que se someterá en septiembre, Puigdemont argumentó que «la independencia se hará con rigor o no se hará» y prometió que su intención es cumplir con «el plazo previsto» de 18 meses para la ‘desconexión’ de España. «En junio del año que viene estaremos en las puertas de la independencia», dijo luego en Twitter.
Puigdemont subrayó que la hoja de ruta que está «vigente» sigue siendo la misma que la que defendió en su investidura el pasado 10 de enero. «La culminaremos en el plazo con el que nos comprometimos con los ciudadanos, que era de 18 meses. Por lo tanto, quiere decir que en junio del año que viene estaremos al final del camino», apuntó Puigdemont, que insistió: «Que nadie tenga ninguna duda».
Según Puigdemont, en el debate de la cuestión de confianza, las fuerzas soberanistas deben otorgarse «autoconfianza» en la hoja de ruta, que será «la que nos lleve a las puertas de la independencia».
El informe en el que pretende apoyarse -en el que han participado economistas como Miquel Puig, Elisenda Paluzie o Albert Carreras- defiende, entre otras cosas, que en un hipotético estado de Cataluña el número de parados caería a la mitad, que automáticamente se crearán cerca de 140.000 empleos (entre nuevos funcionarios, más gasto público y el efecto capitalidad de Barcelona) y que se reducirá de golpe la tasa de paro en cuatro puntos.
Además, se aduce que la situación financiera de las cuentas públicas daría un vuelco de 180 grados, que Cataluña tendría 11.000 millones de euros más todos los años, y que habría superávit. No solo eso. La actual calificación de la deuda catalana de bono basura avanzaría a una doble A y podría financiarse en los mercados internacionales. Y, encima, el posible boicot a los productos catalanes en España sólo costaría un 1’7% del PIB.