Puigdemont y Forcadell pueden ir al banquillo

m. sáiz-pardo | madrid

Toda la carne en el asador. El Gobierno está dispuesto a llevar al presidente catalán, Carles Puigdemont, y a la presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, directamente al banquillo por desacato al Tribunal Constitucional si siguen alentando el órdago secesionista. El ‘incidente de ejecución’ aprobado ayer por el Consejo de Ministros es un importante salto cualitativo en el enfrentamiento institucional entre el Estado y el legislativo catalán, que el pasado miércoles puso la primera piedra para la desconexión con la votación de las conclusiones de la denominada ‘comisión de estudios del proceso constituyente’. La Abogacía del Estado, con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, deja de lado las advertencias más o menos veladas y amenaza ya directamente con el Código Penal.

Será el Constitucional el que el próximo lunes, en una reunión extraordinaria, decida hasta donde lleva la respuesta a la decisión del Parlamento catalán de desoír sus propios avisos. La Abogacía del Estado, en su recurso, deja claro que no le vale ya simplemente con un nuevo apercibimiento o con declarar la ilegalidad de la resolución del miércoles. «En esta ocasión, las medidas a adoptar no pueden limitarse a una mera declaración de nulidad de la resolución impugnada», apuntan en su texto los servicios jurídicos del Estado que blanden, por primera vez, el Código Penal frente a lo que califican de un «acto de frontal desacato y manifiesto incumplimiento» a la Constitución y de «un claro y grosero desconocimiento» de los avisos que viene lanzado la corte de garantías.

La novedad del nuevo ‘incidente de ejecución’ promovido por los letrados del Ministerio de Justicia es, fundamentalmente, que reclama a los magistrados del Constitucional que sean ellos los que lancen una suerte de ultimátum «personal» a los responsables políticos que el Ejecutivo de Mariano Rajoy considera directamente responsables de haber llevado el órdago secesionista tan lejos. O sea, la propia Forcadell, los otros responsables de la mesa de la cámara autonómica; y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y a su gabinete. Y el aviso que pide el Gobierno que la corte de garantías haga suyo es claro: van a incurrir en un delito en breve si intentan, desde el legislativo o el ejecutivo catalán, desarrollar o poner en práctica el acuerdo del pasado miércoles que sienta las bases de un embrión de una república catalana independiente.

Sáenz de Santamaría dejó claro que el Gobierno no va a dudar en pedir la aplicación del artículo 92 de la Ley del Tribunal Constitucional en toda su extensión. Un precepto que prevé un amplio abanico de sanciones a las «instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares» que «incumplan total o parcialmente» sus órdenes.