El Gobierno trata de desactivar el referéndum de Puigdemont
La Generalitat replica que no aceptará amenazas del Estado y que obedecerá a la Cámara catalana.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría. JUAN CARLOS HIDALGO
c. reino | barcelona
El Gobierno central activó ayer la maquinaria del Estado para tratar de frenar la nueva hoja de ruta aprobada por Junts pel Sí y la CUP y que sitúa como objetivo la celebración de un referéndum sobre la independencia, cuente o no con el visto bueno de Madrid. Veinticuatro horas después de que la Cámara catalana diera luz verde a la consulta vinculante y unilateral que plantea Carles Puigdemont para el mes de septiembre de 2017, como paso previo a la proclamación de la independencia, la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que al Ejecutivo central no le temblará la mano y que la Abogacía del Estado está estudiando las resoluciones independentistas del Parlamento autonómico, con el propósito de emitir un informe que determinará si el Gobierno las impugna o no.
Las posiciones de cada una de las partes en el pleito catalán están donde han estado siempre y de momento nadie da su brazo a torcer: mientras la Generalitat aprieta y trata de avanzar hacia la independencia, fijando un calendario claro e inminente, el Gobierno central replica con firmeza, por la vía judicial y del recurso al Tribunal Constitucional y apelando al respeto a la ley, a la Carta Magna y a la soberanía nacional. La número 2 del Gobierno central advirtió al presidente de la Generalitat de que puede seguir aprobando resoluciones «porque las pida la CUP», pero «no va a llegar a ningún objetivo».
La intención de Puigdemont es negociar con el Gobierno central la celebración del referéndum, aunque Mariano Rajoy ya hace días que le ha cerrado la puerta a cal y canto. Sáenz de Santamaría volvió a recordárselo.
La consejera catalana de Presidencia, Neus Munté, replicó de manera contundente: «No aceptamos amenazas, lo que aceptamos son los mandatos del Parlamento». Francesc Homs fue más allá y afirmó que los ministros de Franco también amenazaban. Para el Ejecutivo catalán las votaciones que se llevaron a cabo el jueves pasado marcarán su obra de gobierno y el camino «para poder decidir democráticamente y colectivamente el futuro de nuestro país».
El Ejecutivo catalán pasó de las palabras a los hechos y, en el día después de que la Cámara diera luz verde a su agenda rupturista, inició el despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña, una de las estructuras de Estado que se propone tener listas antes de la celebración del referéndum.