El Gobierno tratará de frenar en el TC las derrotas en el Congreso
El PP planteará conflictos competenciales en aquellas normas que supongan desestabilidad.
El líder del PP y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es aplaudido por los diputados de su partido. JUAN CARLOS HIDALGO
ramón gorriarán | madrid
Mariano Rajoy ya lo advirtió en el debate de investidura, no iba a asistir de brazos cruzados a la demolición de la obra legislativa del PP entre 2011 y 2015. El Gobierno planteará conflictos de competencias en el Tribunal Constitucional contra el Congreso en aquellas normas aprobadas que supongan desajustes en la estabilidad presupuestaria.
El jefe del Ejecutivo quiere la disposición constitucional que le permite vetar iniciativas legislativas que supongan un aumento de los gastos o una disminución de los ingresos no sea papel mojado. Considera que su veto no puede ser levantado por la Mesa del Congreso y que las proposiciones se tramiten. Es lo que ha ocurrido esta semana con la congelación de la Lomce, ante la que toda la oposición se unió para admitir a trámite la proposición de ley que paralizará el calendario de aplicación de la ley educativa. El Gobierno vetó antes del debate la iniciativa presentada por el PSOE, la Mesa lo levantó, el pleno la discutió y aprobó.
En este caso, el Ejecutivo defendió su veto porque la parálisis de la ley implica, según detalló el ministro de Educación, la pérdida de 615 millones de euros de ayudas comunitarias destinadas a su desarrollo. Pero el voto en la Mesa del Congreso de PSOE, Podemos y Ciudadanos a favor de ignorar la resolución gubernamental dejó en minoría a los populares y el camino libre al archivo cuando acabe todo el procedimiento parlamentario de la también llamada ‘ley Wert’, aprobada en 2013.
El Gobierno reaccionó este viernes con un requerimiento a la Mesa del Congreso para que reconsidere el levantamiento de su veto. El Gobierno niega que se trate de «filibusterismo parlamentario», como aduce la oposición. «Este es un debate constitucional», replicó Íñigo Méndez de Vigo. Existe, prosiguió el ministro y portavoz, una controversia jurídica entre la mayoría de la Mesa del Congreso, que interpreta que está capacitada para levantar un veto del Gobierno a una iniciativa legislativa, y el Ejecutivo que considera que no es así. Ante esta disyuntiva, se requiere el arbitraje del Constitucional. «El Gobierno no quiere imponer sus tesis», aseguró Méndez de Vigo.
No lo ve así la oposición, que considera que Rajoy trata de limitar la capacidad legislativa del Congreso porque el PP no tiene la mayoría. Solo si los populares están de acuerdo, o se alcanza un pacto con ellos, podrían salir adelante las proposiciones de ley, se quejan los diputados socialistas y también los de Ciudadanos y Podemos.
Lo cierto es que el Gobierno recurre a un instrumento poco usual para sortear su minoría en la Cámara baja. La Constitución establece que «toda proposición o enmienda que suponga aumento de créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación», y a él se ha aferrado Rajoy.
Las fuerzas de la oposición temen que si Rajoy aplica esta estrategia con la Lomce, lo hará también cuando el Congreso debata derogaciones totales o parciales de otras leyes aprobadas entre 2011 y 2015 por la mayoría absoluta del PP, como la reforma laboral, la de enjuiciamiento criminal o la de seguridad ciudadana. Abona además esta presunción el hecho de que el Constitucional tenga una mayoría conservadora con siete magistrados designados a propuestas del PP por cuatro de tendencia progresista, y aunque antes de que acabe este año se debe renovar a cuatro de ellos, el turno corresponde al Senado, en el que los populares tienen una amplia mayoría absoluta que se reflejara en los nombramientos.