El independentismo planea una desconexión de España en dos tiempos

c. reino | barcelona

Las fuerzas independentistas se plantean ejecutar la desconexión de Cataluña de España en dos tiempos. Una especie de ruptura en diferido que tendría como elemento clave la ley de transitoriedad jurídica, que Junts pel Sí y la CUP aprobarán en julio y que supondrá de facto una declaración unilateral de independencia. Pero incluirá una cláusula según la cual la proclamación de la secesión sólo será efectiva en caso de que el sí se imponga en el referéndum que Carles Puigdemont convocará para septiembre de 2017.

Por tanto, la ley de transitoriedad jurídica, pensada como herramienta para hacer de puente entre la legislación española y la catalana, serviría en un primer instante, según las intenciones de las fuerzas soberanistas, para dar cobertura legal al referéndum. Y haría las veces de marco legislativo del nuevo Estado solo en caso de victoria secesionista en la consulta. Lo mismo pasaría con las otras dos leyes de la desconexión: la de la hacienda propia y la seguridad social. Esta es la teoría que Junts pel Sí y la CUP han puesto sobre la mesa, aunque está por ver cómo sortean la eventual impugnación al Tribunal Constitucional.

El proceso soberanista marcó la reunión que el presidente de la Generalitat y el nuevo delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, mantuvieron en Barcelona. El Ejecutivo central y el catalán están dispuestos a rehacer puentes, pero discrepan sobre el contenido de las conversaciones. Carles Puigdemont insiste en negociar la celebración de un referéndum, mientras que la administración central replica que se puede hablar de todo, siempre y cuando el diálogo se ciña al marco de la ley y la Constitución. El Ejecutivo catalán, en cualquier caso, no se cree la oferta de diálogo del Gobierno. «Está bien hablar de diálogo, pero hay que practicarlo. No podemos acreditar que haya una oferta en firme», afirmó la consejera Neus Munté.

Millo, mientras, reclamó a Puigdemont que asista a la conferencia de presidentes, abogó por que se reduzcan los litigios y conflictos entre administraciones y se mostró confiado en que la discrepancia en el referéndum «no obstaculice» el diálogo sobre el resto.