El Gobierno y el PSOE plantean ahora un pacto sobre la justicia
La negociación afecta al papel del fiscal, que instruirá las causas bajo la supervisión de un juez.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saluda al portavoz del PSOE, Antonio Hernando. JUAN CARLOS HIDALGO
r. gorriarán | madrid
Cerrado el pacto sobre el techo de gasto, el déficit de las comunidades y el salario mínimo, Gobierno y PSOE exploran ahora la posibilidad de alcanzar un entendimiento en las reformas de la justicia. Los contactos aún son incipientes pero las expectativas son buenas para acordar la primera reforma, la de la ley de Enjuiciamiento Criminal para que la instrucción de las causas recaiga sobre los fiscales en lugar de los jueces.
El Gobierno y el PP no esconden sus intenciones de que los socialistas sean un aliado estable. Una pretensión que molesta, cuando no irrita, en el PSOE, que lo que menos desea es aparecer como el compadre de Rajoy. Pero es el riesgo que conlleva la estrategia de ser una oposición útil que obtiene resultados tangibles en el Parlamento a diferencia de la algarada callejera que los socialistas atribuyen a Podemos, que mete ruido pero no logra frutos legales.
El ministro de Justicia comparece hoy en el Congreso para explicar sus objetivos en la legislatura y apelará al consenso. Un emplazamiento con la mirada puesta en el PSOE, sin descuidar a Ciudadanos, puntualizan en el departamento que dirige Rafael Catalá. Los populares y el partido de Albert Rivera desarrollaron un amplio capítulo judicial en su acuerdo de agosto para la investidura de Mariano Rajoy, pero, como ocurrió con el techo de gasto, el voto del PSOE vuelve a ser el determinante.
Los contactos entre el Gobierno y los socialistas son todavía exploratorios. «Se ha hablado, pero el asunto está aún verde», reconocen en el PSOE. Algo más optimista es Catalá porque el documento base para la reforma de la ley de enjuiciamiento es el proyecto que redactó en su momento el ministro de Justicia del PSOE Francisco Caamaño y que decayó con el final de la legislatura en 2011. Se da la circunstancia además de que el ahora portavoz de justicia socialista, Juan Carlos Campo, fue secretario de Estado con Caamaño.
Los aspectos nucleares de la reforma que maneja el Gobierno son el traspaso de la instrucción de las causas judiciales de los jueces a los fiscales y la limitación de la acusación popular, y ambos estaban recogidos en el proyecto del PSOE de hace cinco años. Los dos también figuran en el pacto del PP y Ciudadanos. Incluso cuando el Ministerio de Justicia estaba encabezado por Alberto Ruiz-Gallardón trabajaba en esa misma línea. De todos estos textos saldrá la propuesta de síntesis que Catalá esbozará hoy en la Comisión de Justicia.
La negociación entre Gobierno y PSOE afecta al papel del fiscal, que instruirá las causas bajo la supervisión de un juez de garantías. Este cambio implicaría un refuerzo del plantel del Ministerio Público, que en la actualidad cuenta con 2.400 representantes, con aportes de los 5.800 miembros de la carrera judicial. La idea con la que se trabaja es que este proceso esté concluido en dos años a partir de la aprobación de la reforma de la ley. Otro asunto sobre la mesa es la limitación de la acusación popular persigue impedir a las fuerzas políticas y a los sindicatos personarse para acabar con la imagen de la politización de la justicia.
El segundo gran acuerdo
El plan de Catalá es tramitar en el Congreso a partir de la próxima primavera un proyecto pactado con el principal de la oposición y con Ciudadanos. La reforma daría la vuelta como un calcetín a un procedimiento penal que data de mediados del siglo XIX, y que permitía que España, junto a Italia, fueran las excepciones mundiales en lo que instrucción de las causas por parte de los jueces se refiere.
Sería además el segundo gran acuerdo del Gobierno con el PSOE en los albores de la legislatura, un objetivo que Rajoy persigue con ahínco y que los socialistas asumen como parte de su estrategia de ser una oposición útil, pero sin alharacas para no alimentar las esperables críticas de Podemos y tampoco dar alas a los sectores de su propio partido contrarios a todo tipo de colaboración con el PP.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dejó muy claro este sábado que la estrategia de Rajoy es entenderse con el PSOE en «los temas importantes que afectan a los españoles». La vicesecretaria de estudios y Programas del PP, Andrea Levy, abundó hoy en esa tesis y reclamó al PSOE y Ciudadanos que sean «cómplices del Gobierno» sin ser rehenes de «las siglas».