Catalá reinterpreta el pacto anticorrupción con Ciudadanos

Nadie en el PP alzará la voz contra el pacto sellado con Ciudadanos que permitió la investidura de Mariano Rajoy. Pero en materia de corrupción, los populares tienen sus dudas sobre las exigencias que plantea la formación de Albert Rivera. El tiempo y el silencio calculado desde la dirección del partido han contribuido a calmar las aguas tras el fallecimiento de Rita Barberá. Pero el caso Auditorio en Murcia, que podría poner contra las cuerda al presidente de la región, amenaza que avivar el debate sobre el momento en el que un imputado debe dimitir de sus responsabilidades.

El vicesecretario general de Ciudadanos ha advertido a los populares de que «si el Tribunal Superior de Justicia de Murcia decide llamar a Pedro Antonio Sánchez como imputado por corrupción política», su formación reclamará que abandone el cargo. Pero el ministro de Justicia, que siempre defendió actuar con cautela, sostiene que la decisión de retirar a alguien de la vida política sólo debería producirse con la apertura de juicio oral. «Anticipar ese momento, en mi opinión, es excesivo y prematuro», apuntó Rafael Catalá.

Esta es, en realidad, la posición oficial que siempre mantuvo el PP en materia de corrupción hasta que Rajoy necesitó los votos de Ciudadanos para ser investido presidente. En los estatutos que el Congreso Nacional del partido aprobó en Sevilla en febrero de 2012, se contempla un proceso sancionador en el que se tramita el expediente disciplinario una vez el juez señala la apertura de juicio. Sin embargo, el equipo de Rivera entiende que tras el pacto sellado en agosto, los populares tendrían que actuar con firmeza mucho antes. En concreto, en el mismo momento en el que un político es citado a declarar como imputado por un tribunal.