Rajoy reclama consenso ante cualquier reforma constitucional

nuria vega | madrid

Incluso aquellos que en el PP llegaron a defender en algún momento la oportunidad de reformar la Constitución, se han replegado. La fragmentación del Congreso, las posturas encontradas que residen en el hemiciclo y la advertencia de Podemos, dispuesto a forzar un plebiscito sobre cualquier modificación que se «imponga» de la Carta Magna, desaconsejan al Gobierno embarcarse en una aventura si el final es «incierto». «¡Ahora voy a convocar yo un referéndum!», ironizó hoy Mariano Rajoy en la conmemoración del 38º aniversario del texto legal.

El fantasma italiano sobrevolaba este martes el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara Baja. El Ejecutivo se esmeraba en recordar el fracaso del primer ministro, Matteo Renzi, en la consulta constitucional del pasado domingo y desde la Moncloa se insistía en que «los plebiscitos los carga el diablo».

El propio articulado de la Carta Magna establece que si la reforma que acometan las Cortes afecta a la definición de España, a los derechos fundamentales o a la Corona, el proceso de modificación culminará en un referéndum. Pero además, el apartado 167.3 admite que cualquier cambio sea sometido a consulta «cuando así lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras». Es decir, 35 diputados o 27 senadores.

Podemos cuenta con esa cifra. Y, es más, mientras PP, PSOE y Ciudadanos se explicaban ayer en los corrillos del Congreso, Pablo Iglesias, ausente en el acto, subía a las redes sociales un vídeo en el que anticipaba sus intenciones: «Tenemos una fuerza parlamentaria lo suficientemente fuerte para que, si quieren imponer un cambio en la Constitución, nosotros podamos hacer que eso lo tenga que votar en referéndum el pueblo español».

El PP, siempre reticente a revisar en profundidad el contenido de la Carta Magna, ha encontrado en los referendos celebrados en el exterior nuevas justificaciones para enfriar las expectativas de la oposición y subir el volumen de sus recelos. Los ejemplos de países como el Reino Unido, que acabó apostando por el ‘Brexit’, o incluso Colombia, que rechazó el acuerdo de paz con las FARC, señalan, según explica el Gobierno, que nada garantiza que «por bueno» que sea el acuerdo, este vaya a ser respaldado en las urnas. Y el Ejecutivo, insta por eso a los partidos a ser cautos y a extremar el consenso.

También Javier Fernández confía en que la tendencia plebiscitaria se vaya «amortiguando», pero no por ello renuncia a la reforma de la Carta Magna. Eso sí, consciente de la necesidad de pactos sólidos, el presidente de la gestora del PSOE matizó que los socialistas buscarán acuerdos previos hasta para poner en marcha la subcomisión que plantean con el objetivo de escuchar a expertos constitucionalistas. Por ahora, sin embargo, no ha habido contactos formales. En realidad, alcanzar un consenso tan amplio como el 1978, requisito que comparten PP, PSOE y Ciudadanos, es una exigencia que complica la reforma constitucional. Albert Rivera defendía ayer que cualquier proyecto tendrá que incluir a Podemos, en parte para garantizar el éxito de la empresa. Y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ponía de manifiesto las complicaciones de partida.

Los representantes de Podemos que asistieron a la conmemoración en el Congreso, Pablo Echenique y Carolina Bescansa, avanzaron que su propuesta contiene que «las distintas nacionalidades expresen cómo quieren articularse». Pero el derecho de autodeterminación es una de las líneas rojas que plantea el PP. A juicio de Rajoy, que se negó a aclarar qué puntos de la Constitución querría actualizar, es importante fijar primero lo que no se tocará y huir de «ocurrencias». Y siendo así, avanza su disposición a estudiar cualquier «reforma razonable».