Homs será juzgado en el Supremo por impulsar la consulta del 9-N
El nacionalista advierte que el Estado quiere «intimidar» a Cataluña para que no haya referéndum.
El exconseller de Presidencia y diputado del Congreso, Francesc Homs, ayer. ANDREU DALMAU
m. b. / c. r. | madrid / barcelona
El diputado y portavoz de Pdecat en el Congreso, Francesc Homs, será juzgado por la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo después de que el magistrado Andrés Palomo abriera ayer juicio oral por los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia grave en la «consulta participativa» del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña, anulada por el Tribunal Constitucional por vulnerar la ley.
El instructor recoge en su auto los hechos incluidos en el informe de la Fiscalía del Alto Tribunal tras admitir que son «susceptibles de enjuiciamiento en atención a su relevancia jurídico-penal». Homs se enfrenta a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por su gestión en la consulta del 9-N cuando era consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat bajo la presidencia de Artur Mas, que también será juzgado por el mismo motivo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El instructor del Supremo recordó que Homs, de acuerdo con la doctrina de la Sala Segunda, a partir del auto de apertura de juicio oral será este tribunal el competente para enjuiciar al aforado aunque con posterioridad a esta fecha renuncie al acta de diputado. La defensa del portavoz de Pdecat tiene ahora un plazo de diez días para presentar su escrito de defensa y contra el presente auto no cabe recurso.
En su escrito de acusación, el fiscal consideró que los hechos cometidos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y otro de desobediencia grave por vulnerar la suspensión del Tribunal Constitucional. El acusador público solicitó para ambos delitos una pena conjunta de nueve años de inhabilitación y, en el caso de que el tribunal optara por penar los citados delitos por separado, reclamó de forma alternativa siete años y seis meses de inhabilitación por la prevaricación y una multa de cinco meses con una cuota diaria de 200 euros (30.000 euros) y suspensión especial por un año y un mes por el delito de desobediencia grave.
El fiscal consideró que «el acusado no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia del que era titular, impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria y puso los servicios jurídicos de su departamento a disposición del CTTI (centro tecnológico responsable de canalizar los resultados del 9-N).
Además, el fiscal justificó que Homs «era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional».
La lectura del acusado es que los poderes del Estado tratan de «intimidar al soberanismo» para evitar que se celebre el referéndum previsto para septiembre próximo. Pero Homs avisó que el proceso no tiene marcha atrás y la consulta se celebrará pase lo que pase. «Los que creen que el Estado, a base de la judicialización de lo que debería ser el campo de la política, intimidará a Cataluña para que no se haga el referéndum, se equivocan. Esto no nos intimida», afirmó.
Calificó el juicio de «político» y cargó contra el Supremo, al que acusó de actuar de manera parcial.