La Fiscalía pedirá el ingreso en prisión de Urdangarín si hoy es condenado a más de 6 años

Llegó la hora de la verdad. Once años y un día después de aquel lejano 16 de febrero de 2006, cuando el diputado socialista Antoni Diéguez denunciara en el Parlamento balear el elevado coste de las adjudicaciones a dedo al Instituto Nóos por parte del Gobierno de Jaume Matas, la Audiencia Provincial de Palma hará pública la sentencia del juicio que llevó al banquillo a la hermana del Rey y a su marido, Iñaki Urdangarin, además de a otras quince personas. Todas ellas acusadas de haber integrado o cooperado con una trama corrupta dedicada a desviar a bolsillos privados cerca de seis millones de euros de las administraciones balear y valenciana a través de eventos deportivos-empresariales muy inflados de presupuesto.

La fiscalía estudia pedir el ingreso inmediato de Urdangarín y Torres en prisión si la condena es superior a los 6 años. También valorará el riesgo de fuga. La entrada en la cárcel no se producirá hoy puesto que habría que celebrar una vista en la Audiencia Provincial de Palma para adoptar la medida.Urdangarín y la infanta conocerán el fallo judicial en su casa de Ginebra.

Las juezas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín, integrantes del tribunal que juzgó el caso Nóos, han llegado temprano a la Audiencia de Palma, donde hoy notificarán la sentencia que determinará la absolución o condena de la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarin y los otros 15 acusados.

La primera en llegar ha sido la presidenta del tribunal y ponente de la sentencia, la jueza que la ha redactado, Samantha Romero, que ha entrado en la sede del tribunal provincial a las 7.44 horas.

Poco después ha llegado en taxi Eleonor Moyà y sobre las 8.15 horas ha entrado caminando Rocío Martín.

Una quincena de periodistas, fotógrafos y cámaras esperan ya tras unas vallas a las puertas de la Audiencia de Baleares, custodiada por la Policía Nacional, la notificación del fallo, que está prevista para las 12.00 horas. El fallo se conocerá seis años y medio después de que el juez José Castro comenzara a investigar la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y su exsocio, que percibieron 6,1 millones de varias administraciones públicas, así como el supuesto plan posterior para defraudar a Hacienda. La sentencia se notificará además un mes y medio antes de que terminara el plazo de exención en el reparto de asuntos que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares le había concedido a la ponente, la jueza Samantha Romero, para que pudiera centrarse en redactar la sentencia, y que finalizaba el 31 de marzo.

La infanta solo está acusada por Manos Limpias, que pidió para ella 8 años de prisión como presunta colaboradora en los delitos fiscales de su marido. La petición de condena más alta es la del sindicato para Urdangarin: 26 años y 6 meses de prisión. El marido de la infanta se enfrenta a una petición de condena de 19 años y 6 meses de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, dos delitos contra Hacienda y blanqueo. Entre los principales acusados figuran también el socio de Urdangarin, Diego Torres, presunto autor de delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, contra Hacienda, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo, para quien la Fiscalía pidió 16 años y medio de condena y Manos Limpias 22 años y medio.

El contenido del fallo es una incógnita, más allá de las especulaciones jurídicas o periodísticas. La ponente y presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha trabajado en absoluto secreto en la sentencia desde que la vista oral acabara el 22 de junio de 2016, tras cinco meses y once días de sesiones maratonianas. Según fuentes del proceso, el borrador de la sentencia, que tendrá varios cientos de páginas, está redactado desde principios de año y desde entonces ha sido objeto de continuas correcciones y matizaciones por parte de las otras dos magistradas que componen el tribunal, Eleonor Moyà y Rocío Martín. A pesar del intenso debate, las tres jueces no han querido agotar el plazo límite del 31 de marzo que les dio la Audiencia Provincial.

Pese al hermetismo de las tres juristas, en medios judiciales palmesanos se da por sentado que Urdangarin y Diego Torres recibirán importantes penas de cárcel -algunos abogados se atreven a apuntar a cercanas a la década- al ser considerados los actores centrales de la red corrupta que organizó los actos bajo sospecha, los Valencia Summits y los Balears Forum.

Sin arrepentimiento

Urdangarin, que se negó durante el juicio a reconocer ni una sola irregularidad ni a avenirse a un pacto con la Fiscalía, acabó la vista oral con la misma petición con la que inició el proceso, 19 años y medio de cárcel por un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil (seis años de prisión); estafa (tres años y medio); fraude a la administración (dos años); dos delitos fiscales (seis años), y un último de blanqueo de capitales (dos años). Un abanico amplísimo de delitos, explican fuentes del proceso, que, a priori, le aseguraría una condena abultada, aunque la sala no haga suyos todos los argumentos del fiscal Pedro Horrach o reduzca la pena por malversación, el más grave de los ilícitos a los que se enfrenta.

Diego Torres, por su parte, se enfrenta a una petición fiscal de 16 años y medio por los mismos delitos que Urdangarin, excepto uno de los fraudes fiscales. En cuanto a Cristina de Borbón, todos en los tribunales de Palma apuestan a que no pisará la cárcel. Es más, que podría ser absuelta. Una condena, aunque solo fuera de meses, sería una "enorme sorpresa" en los juzgados de la capital balear, aunque, de nuevo, todo son puras especulaciones, admiten las fuentes consultadas. Su situación procesal, desde luego, es mucho mejor que la de su marido. La Fiscalía no le acusa de delito alguno. Sólo el pseudosindicato Manos Limpias le mantuvo en el banquillo por penas que suman ocho años de prisión, imputándole como cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por su marido en su declaración de IRPF (174.575,07 euros en el ejercicio 2007 y 152.350,69 euros en el ejercicio 2008, según el último cálculo de Hacienda).

La infanta, a su favor, tiene que abonó en un primer momento los 587.000 euros que le reclamó el fiscal Horrrach como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos supuestamente por su marido. Posteriormente, Cristina de Borbón consignó en el juzgado los 449.000 euros en los que se cifró su responsabilidad civil por los dos ilícitos de Urdangarin. Al tribunal, explican estas mismas fuentes, no le costaría demasiado argumentar que con ese millón de euros, la hermana del Rey habría pagado sobradamente su responsabilidad por haberse enriquecido por las defraudaciones de su esposo. El único punto en su contra es que la infanta en su declaración en el juicio, el 3 de marzo del año pasado, se negó a contestar a todas las partes, excepto a su abogado, una estrategia que no suele gustar a los jueces, pero que podría no tener efecto en la sentencia.

Al margen de la suerte de los acusados, una de las grandes incógnitas de la sentencia es si la sala entrará en su fallo a valorar la actuación de la Casa Real en este asunto y, en particular, si llegó a conocer los desmanes de Urdangarin y su socio invocando el nombre de la Corona. Tanto Cristina de Bobón como Urdangarin y Torres insistieron hasta la saciedad durante el juicio en que todos los movimientos del Instituto Nóos estaban supervisados hasta el extremo por la Zarzuela. Es más, que había diferentes filtros y que, al menos tres cargos de la Casa Real controlaban sus movimientos: Carlos García Revenga, secretario de las infantas; José Manuel Romero, conde de Fontao, asesor jurídico de Juan Carlos I; y Federico Rubio, un alto funcionario de la Agencia Tributaria que ejercía como asesor fiscal de la Zarzuela. La Casa Real, señalan en los tribunales de Palma, no se sentó en el banquillo de los acusados, pero no sería de extrañar que la sentencia contuviera referencias a la institución en este caso, sobre todo porque los principales encausados se parapetaron detrás de ella para intentar descargarse de culpa.