El Consejo de Garantías catalán descarta el dinero para la consulta

cristian reino | barcelona

La hoja de ruta independentista recibió ayer un soberano varapalo. El revés en esta ocasión no llegó de la mano del Consejo de Ministros ni de una resolución del Tribunal Constitucional, sino de un organismo de la Generalitat. El Consejo de Garantías Estatutarias, lo más parecido a un tribunal constitucional catalán, advirtió a Carles Puigdemont de que el referéndum es inconstitucional y la referencia concreta para el referéndum de independencia que el Gobierno catalán ha incluido en los presupuestos de 2017 va contra la Carta Magna y contra el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Se trata de una de las disposiciones adicionales del proyecto de cuentas públicas, que proclama que «el Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria». Un texto, con el que el Ejecutivo catalán hizo más digeribles sus cuentas para la CUP, que exigía partidas específicas para la consulta secesionista, pero que a juicio del Consejo de Garantías incumple el Estatuto y la Constitución.

Los dictámenes de la entidad consultiva, cuya función es velar por que las leyes que impulsan la Generalitat y la Cámara catalana se adecúen al Estatuto y a la Constitución, no son vinculantes, aunque son de calado político y más aún en este caso en que el órgano de la Generalitat cuestiona la ley de presupuestos, una de las más importantes de cualquier gobierno. El Consejo de Garantías se ha pronunciado después de que Ciudadanos, PP y el PSC lo solicitaran, al entender que la Consejería de Economía, dirigida por Oriol Junqueras, se extralimitaba en sus atribuciones.

Al organismo, compuesto por nueve consejeros, seis a propuesta del Parlamento y tres por parte del Ejecutivo, no se le puede acusar de ser proclives a las tesis españolistas, de hecho sus informes nunca han estado en cuestión. Pero en esta ocasión ha señalado que la disposición adicional del referéndum «no supera el test de adecuación constitucional y estatutaria». En la medida en que el referéndum está fuera de las competencias de la Generalitat, según recuerda el constitucional catalán, «los presupuestos no pueden prever, aunque sea en forma condicional o potencial, disposiciones normativas en relación con competencias o facultades que no le son propias» al Gobierno autonómico.

Avisa asimismo a Puigdemont y Junqueras de que el «poder legislativo presupuestario no es un poder libre, sino que debe responder al modelo de reparto de competencias que delimitan la Constitución y el Estatuto».

En cambio, el Consejo de Garantías no ve problemas en los 5,8 millones de euros de gasto asignados en las cuentas para «procesos electorales y consultas ciudadanas».

A pesar de la contundencia de la resolución del organismo autonómico, la Generalitat ni se inmutó y expresó que el dictamen no varía sus planes. «Convocaré el referéndum», afirmó el presidente de la Generalitat. «La partida económica con el dinero reservado para hacer el referéndum está perfectamente avalada; por tanto, el referéndum se hará», avisó.

La Generalitat, en cualquier caso, ya ha dejado claro desde hace tiempo que no dará marcha atrás con el referéndum.