El juez de Púnica investiga la financiación del PP de Aguirre

mateo balín | madrid

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de la trama Púnica, la «gigantesca red de tráfico de influencias» que afecta a administraciones públicas de Madrid, Valencia, Murcia o León, dio ayer un salto cuantitativo en la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre (2003-2012). Unas pesquisas que aparecen en una de las 14 piezas separadas de la causa abierta en 2014 y que permanece bajo secreto desde hace casi un año.

El magistrado, con el visto bueno de las fiscales anticorrupción del caso, Teresa Gálvez y Carmen García, ordenó el martes registros en varias dependencias de la administración regional, empresas y domicilios particulares; requirió documentación en otras instituciones y citó ayer en calidad de investigados al expresidente de la patronal de empresarios madrileños Arturo Fernández, condenado a seis meses de prisión por el caso de las ‘tarjetas black’ de Caja Madrid, y al exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid de 2008 a 2011 José Ignacio Echeverría, también tesorero provincial del PP y presidente de la Asamblea regional entre 2011 y 2015.

Junto a ellos también declaró ayer Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid hasta su dimisión en octubre de 2014 por el escándalo de las ‘tarjetas black’, causa en la que ha sido condenado a ocho meses de prisión. Su salida se produjo sólo tres semanas antes de que estallara la operación Púnica, en la que acabó siendo detenido su exjefe Francisco Granados, secretario general de los populares madrileños, que permanece en prisión provisional.

Los tres abandonaron la Audiencia Nacional sin medidas cautelares y se espera que en los próximos días sean citados nuevos investigados. Fernández, Echeverría y Beltrán contestaron a las preguntas de las fiscales.

Dentro de las nuevas diligencias, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de la investigación de Púnica, requirió documentos sobre la adjudicación de contratos de publicidad por el 1% del total de las obras concedida por varias consejerías y organismos dependientes de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2010.

En el caso de la Consejería de Sanidad, los agentes de la UCO requirieron información acerca de uno de los proyectos estelares de Aguirre, el plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007, con el que se buscaba construir seis hospitales y que tuvo un presupuesto de 2.300 millones de euros en 2005. Los investigadores sospechan si la trama obligaba a las empresas adjudicatarias a destinar el 1% de esa partida, 23 millones, a contratos publicitarios del proyecto cuando en realidad acabaron en la supuesta caja B.

«construir hospitales»

La expresidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre salió al paso de las nuevas revelaciones de la trama Púnica y eludió su responsabilidad porque en aquella época tenía otras ocupaciones. «Es verdad que he sido presidenta y podía haberme ocupado de la financiación. No lo hice porque había cuatro personas que se ocupaban de ello: el tesorero, el secretario general, el gerente y el contable. Yo me tenía que ocupar entre otras cosas de construir 12 hospitales, los más humanizados de todos».