La UCO sospecha que González pagó deudas del PP con dinero negro
La Guardia Civil registra Indra y OHL, entre otras empresas, acusadas de pagar mordidas.
La UCO en una de las empresas en las que realizó ayer registros. JAVIER LIZÓN
m. s. p. / m. b. | madrid
La operación Lezo es mucho más que el saqueo del Canal de Isabel II para llenar los bolsillos de Ignacio González y su entorno. La Guardia Civil desplegó ayer la segunda fase de este operativo con el objetivo primordial de encontrar pruebas para apuntalar el otro gran eje de esta investigación: las sospechas de que el expresidente de la Comunidad de Madrid recurrió a dinero negro para afrontar las deudas que dejaron tiritando la caja del PP regional tras las elecciones autonómicas de 2011, que volvieron a dar la mayoría absoluta a Esperanza Aguirre.
Los funcionarios de la Unidad Central Operativa registraron ayer cinco de las empresas bajo sospecha por haber pagado millonarias mordidas a González a cambio de obra pública, un dinero que -según la investigación que dirige el juez Eloy Velasco- el expresidente destinó tanto a su enriquecimiento personal y al de su familia como a la supuesta financiación irregular del PP en Madrid. Los allanamientos tuvieron lugar en la multinacional tecnológica Indra; en la constructora OHL; en la operadora de navegación aérea Saerco; en la empresa de servicios hidráulicos Licuas; y en la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid, pieza clave en el entramado para allegar dinero negro a la formación política.
La UCO ya tiene muy clara la involucración de Indra, según admiten los propios responsables de la investigación. El gigante tecnológico habría pagado en 2012 y a través de terceros cerca de 700.000 euros a acreedores del PP. La operativa fue que ICM y su director, José Martínez Nicolás -detenido ayer, tras haber sido arrestado en el marco de la operación Púnica- adjudicaron a Indra contratos «hinchados» en cerca de un millón de euros. La tecnológica, a cambio, se habría prestado a aceptar como propias varias facturas falsas giradas por esos proveedores del PP contra Indra por conceptos ficticios.
El otro gran eje de la investigación fue OHL, a la que Francisco Correa ya señaló como financiadora del PP nacional durante el juicio del caso que lleva su nombre. En este caso, la UCO apunta a que la constructora, a través de una filial mexicana, pudo pagar en 2007 algo menos de 1,5 millones de euros a González como mordida a cambio de la adjudicación de la construcción de la fallida línea de tren entre Móstoles y Navalcarnero (Madrid), que iba a costar más de 350 millones de euros.
El registro de las demás compañías, apuntaron los investigadores, estaría relacionado con el expolio del Canal de Isabel II para el enriquecimiento de los imputados, aunque también se investiga el desvío de dinero al PP.
Entre tanto, González pasó ayer su segunda noche en la Comandancia de la localidad madrileña de Tres Cantos, en un calabozo de seis metros cuadrados y sometido a videovigilancia para evitar que se autolesionase. El juez le tomará hoy declaración.
