El Gobierno confía en frenar el referéndum durante su preparación
Ven «muy difícil» que los secesionistas puedan hacerse con el equipo para poner las urnas .
nuria vega | madrid
El camino recorrido por el independentismo desde la consulta del 9 de noviembre de 2014 está trufado de pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Las sentencias, providencias y autos emitidos desde aquel año conforman un armazón jurisdiccional con el que el Gobierno espera cortar el paso a la Generalitat y frustrar los trabajos de preparación del referéndum en Cataluña. Fuentes del Ejecutivo subrayan que a día de hoy es «muy difícil» que los partidos secesionistas puedan incluso hacerse con la equipación necesaria para sacar las urnas a la calle. Y ese es el escenario que contemplan en La Moncloa.
El Gobierno recuerda las múltiples resoluciones que se han acumulado desde que en 2015 el Constitucional sentenció contra el 9-N y la ley autonómica de consultas que daba cobertura a la convocatoria. Pero el auto más significativo es del pasado 14 de febrero, cuando el tribunal de garantías acordó por unanimidad anular la hoja de ruta del Parlamento catalán para convocar el referéndum independentista «como muy tarde en septiembre de 2017».
En ese escrito se advertía sobre las consecuencias, incluso penales, de avanzar hacia la consulta. Desde entonces, el Ejecutivo asegura que el Estado, en el ámbito del Constitucional pero también en el de los tribunales ordinarios, cuenta con un instrumento para obstaculizar los planes de ruptura de la Generalitat. Como muestra inciden en la querella que el 16 de mayo presentó la Fiscalía Superior de Cataluña contra la consejera de Gobernación catalana por la compra de urnas de votación. El Ministerio Público acusó a Meritxell Borràs de los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos.
Fuentes de La Moncloa subrayan que de este modo podrá frenarse la compra del material para la organización de la consulta, su transporte e incluso su almacenamiento.