Los voluntarios se harán cargo del referéndum
La consulta precisará 4.500 agentes electorales, 8.500 urnas y 76.500 personas para las mesas.
Puigdemont interviene ante el pleno del Parlament. QUIQUE GARCÍA
agencias | barcelona
La celebración del referéndum catalán aún está en el aire, porque se desconoce qué medidas tomará el Gobierno para impedir la votación y no se sabe cuál será la respuesta posterior del Ejecutivo catalán. Sin embargo, después de fijar la fecha y la pregunta de la consulta, la Generalitat va revelando poco a poco elementos clave del dispositivo del 1-O. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció ayer que en quince días dará a conocer todos los detalles técnicos, logísticos y legales de la votación, que necesitará 4.500 agentes electorales, 8.500 urnas y unas 76.500 personas para las mesas.
Los agentes electorales, que son las personas que forman parte del operativo logístico, no serán funcionarios, sino que serán ciudadanos «voluntarios», formados para la ocasión para colaborar con el referéndum. Puigdemont precisó que «nadie será forzado a nada», en referencia a los temores mostrados en las últimas semanas por los sindicatos de los funcionarios sobre los riesgos que podían correr los empleados públicos si se veían obligados a participar en el referéndum. Como alternativa, el Gobierno catalán pondrá en marcha una «bolsa de voluntarios», de tal manera que podrá implicarse en la organización de la votación quien quiera. El objetivo del Gobierno catalán es organizar un referéndum con «todas las garantías» y homologable a los estándares internacionales.
El concepto de voluntarios, en cualquier caso, recuerda al 9-N, y al modelo ideado por el expresidente Artur Mas, que organizó un proceso participativo y lo dejó en manos de los voluntarios para tratar de esquivar (sin éxito, pues con posterioridad fue condenado por desobediencia) la suspensión del Constitucional.
Una de las incógnitas es cómo hará el Gobierno catalán el sorteo para las mesas. La Generalitat carece de un censo oficial, que está en manos de la administración central. Son nueve personas por mesa (tres titulares, tres suplentes y otros tres suplentes de reserva). Para el 9-N, la Generalitat recurrió a voluntarios y en esta ocasión podría verse obligado a hacer lo mismo, pues habrá ciudadanos que se negarán a participar en una votación que será ilegal. Este será uno de los detalles que revelará el Ejecutivo autonómico en quince días, además de cómo hará el censo, cuáles serán las bases «legales» que «avalarán» el referéndum, cuándo empezará la campaña institucional, cuándo se creará una comisión de expertos internacionales y quién integrará la junta electoral.
La moción de censura ha puesto de manifiesto que el bloque formado por PP, PSOE y Ciudadanos se mantiene firme en su rechazo a un referéndum en Cataluña, y mucho menos si éste es convocado de forma unilateral. Más complicaciones pasó Pablo Iglesias para explicar la posición de su partido después de que Anticapitalistas, la tercera familia en importancia dentro de Podemos, anunciase su apoyo al referéndum del 1 de octubre. Iglesias, muy atacado por su defensa del derecho de autodeterminación, mantuvo que la consulta debe ser pactada, pero no explicó la fórmula para conseguirlo.
Homologación
El Govern ha homologado cuatro empresas como proveedoras de sobres, papeletas y material electoral: Tompla Industria Internacional del Sobre, Formsystem Documentos Inteligentes, Impresiones Transkrit y Domènech Mirabet.