El jefe de Anticorrupción controlará más a los fiscales
El Consejo Fiscal evalúa este miércoles los planes de los siete candidatos.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tendrá la última palabra en la elección. S. BARRENECHEA
Mateo Balín | Madrid
«La mejora de la organización de los servicios y distribución del trabajo en la Fiscalía Anticorrupción. La falta de eficacia del turno de reparto de asuntos. La necesidad de desterrar la asunción de herencias por parte de los nuevos fiscales. El aislamiento y desamparo de los delegados provinciales. La excesiva carga de trabajo de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria por el incremento de las diligencias económicas. Un nuevo modelo procesal que permita abreviar la tramitación de las causa y poner coto a los conflictos por la competencia de determinadas investigaciones. Y evitar las filtraciones de información secreta o reservada».
Estas son las principales preocupaciones y retos que se ha marcado uno de los favoritos para dirigir la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Se trata de Alejandro Luzón, teniente fiscal de la Secretaría Técnica del Ministerio Público. Su plan de actuación, al que ha tenido acceso Colpisa, es uno de los que más gustan a los integrantes del Consejo Fiscal, según han señalado fuentes del órgano consultivo.
Los doce miembros del Consejo —nueve vocales de dos asociaciones más el fiscal general, José Manuel Maza, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, y el jefe de la Inspección, Fausto José Cartagena— se reunirán este miércoles para evaluar los proyectos de los siete candidatos a sustituir a Manuel Moix, dimitido el pasado 1 de junio tras conocerse que poseía el 25% de una sociedad familiar en Panamá regulada ante la Hacienda española.
Alejandro Luzón fue uno de los pioneros en la creación de Anticorrupción en 1995, donde trabajó casi 20 años. Pero, además de él, compiten por la plaza dos fiscales del Tribunal Supremo, Pedro Crespo y María Ángeles Montes; el que fuera fiscal superior de Andalucía Jesús García Calderón; y tres integrantes de la citada fiscalía especializada que ya se presentaron en la anterior elección: Belén Suárez, teniente fiscal y jefa interina en la actualidad, Antonio Romeral y María Teresa Gálvez. Esta última es una de las responsables del caso Púnica y el anterior es el acusador público en la causa de la caja B del PP.
El procedimiento
De esta lista, Maza propondrá a uno de ellos al Gobierno tras escuchar al Consejo Fiscal, cuya decisión, no siendo vinculante, será tenida en cuenta, según aseguran fuentes fiscales. En la anterior votación, por ejemplo, el fiscal general se decantó por Moix tras obtener seis de los 11 votos en liza. Todos ellos procedentes de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), del llamado sector conservador. Luzón, en cambio, logró cuatro votos y Romeral, uno.
Por lo tanto, la votación del miércoles estará marcada por el candidato que la Asociación de Fiscales proponga. La comisión ejecutiva de este colectivo, presidido por Concha Talón, se reúne mañana martes en Madrid para evaluar los planes de los candidatos y llevar un nombre de consenso. También se podría dar la posibilidad, en caso de división interna, de que cada vocal tenga finalmente libertad de elección, aunque es una circunstancia poco probable. Del mismo modo, el martes, el otro colectivo que figura en el Consejo Fiscal, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), celebrará su encuentro para decidir a quién designan sus tres representantes en el órgano que asesora a José Manuel Maza.
La candidatura de Pedro Crespo hace pensar que contará con el aval de los vocales de la asociación progresista. Primero, porque el actual jefe de la Sala de lo Contencioso del Supremo pertenece a la UPF. Segundo, porque cuenta con la distinción de ser el fiscal con mayor rango de todos los aspirantes. Estas dos circunstancias le colocan el cartel también de favorito si finalmente se busca un nombre de consenso tras las aguas revueltas que ha dejado el paso de Moix.