El Constitucional prohíbe usar dinero público para el referéndum
Desde la Generalitat advierten de que las sentencias no frenarán el proceso.
Los expresidentes González, Rodríguez Zapatero y Aznar. ZIPI
cristian reino | barcelona
El Tribunal Constitucional anuló las partidas de los Presupuestos de Cataluña destinadas a financiar el referéndum del 1 de octubre. Todo un serio aviso al independentismo, solo 24 horas después de que Carles Puigdemont, Junts pel Sí y la CUP dieran a conocer la ley que debe dar cobertura a la consulta y que prevé la proclamación de la secesión de manera inmediata en caso de victoria del ‘sí’.
El Constitucional, por unanimidad, dejó al Gobierno catalán sin dotación presupuestaria para el referéndum al anular la disposición adicional de sus cuentas que habilitaba la financiación de la consulta. El alto tribunal determinó además que las partidas de las cuentas catalanas impugnadas por el Gobierno central, que reservaban 6,2 millones para consultas y procesos electorales, son inconstitucionales en el caso de que se destinen a cubrir los gastos de la consulta secesionista.
La disposición adicional 40 de la ley de presupuestos anulada decía lo siguiente: «El Gobierno, dentro de las posibilidades presupuestarias, debe garantizar la dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades y los requerimientos que se deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Cataluña». Se trataba de una previsión y de una referencia específica al referéndum, incluida por imposición de la CUP.
El Constitucional reconoce que la ley de presupuestos impugnada no contiene partidas que se destinen de forma específica a la financiación del referéndum, y admite que los contenidos de esas partidas «no permiten identificar qué dotaciones concretas pueden estar destinadas a la financiación del proceso refrendario». En consecuencia, asume que existe la posibilidad de que puedan destinarse «a procesos electorales, consultas no refrendarias y de participación ciudadana», sobre los que la Generalitat tiene competencias.
La sentencia deja en una situación muy delicada al Gobierno catalán, en tanto que puede incurrir en responsabilidades penales si no acata la anulación y sigue adelante con los preparativos de la votación. En el caso del uso de dinero público para la consulta, los miembros del Ejecutivo podrían cometer un delito de malversación, lo que conllevaría penas de prisión. Los dirigentes del independentismo, en el Gobierno y en la Cámara catalana, están avisados desde hace meses de que tienen la obligación de «impedir o paralizar cualquier iniciativa» que desarrolle el referéndum y la sentencia avisa que no pueden hacer gastos derivados de «la organización y convocatoria del referéndum».
Desde la Generalitat, en cualquier caso, advierten de que las sentencias de los tribunales españoles no conseguirán frenar el proceso. De hecho, la ley del referéndum declarará a Cataluña como sujeto soberano y «prevalecerá» sobre la Carta Magna. La norma, según el vicepresidente Oriol Junqueras, se aprobará a principios de septiembre. Con toda seguridad, el Tribunal Constitucional la suspenderá de manera inmediata.
