El Tribunal de Cuentas reclama a Mas el pago de los gastos del 9-N
Impondrá una fianza o el embargo preventivo de los bienes del expresidente y los tres exconsejeros.
El expresidente Artur Mas durante su participación en un acto. QUIQUE GARCÍA
ramón gorriarán | madrid
Lo que temía el consejero Jordi Baiget y le llevó a ser destituido, el miedo a que el proceso independentista tuviera consecuencias en los bienes particulares, se acerca. El Tribunal de Cuentas ha iniciado el procedimiento para que Artur Mas y sus tres exconsejeros condenados, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, tengan que hacer frente con su patrimonio personal a los 5,1 millones de euros que gastó el Gobierno catalán en la consulta del 9-N. El órgano supervisor rechazó ayer el recurso de los servicios jurídicos de la Generalitat y dio la razón a los denunciantes, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, para que se exijan responsabilidades económicas a los cuatro por «malversación contable».
La sección de Enjuiciamiento II del órgano supervisor, que preside la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, dictó sendos autos en los que no admitió los argumentos del Gobierno catalán para no proceder contra Mas, Homs, Rigau y Ortega, y ordenó nombrar un instructor para que practique «las diligencias previstas en el artículo 47.1» de la ley del Tribunal de Cuentas. Entre estos procedimientos está el «requerimiento a los presuntos responsables para que depositen o afiancen, en cualquiera de las formas legalmente admitidas, el importe provisional del alcance, más el cálculo de los intereses que pudiera resultar procedentes, bajo el apercibimiento de embargo». Es decir, que depositen una fianza que cubra la responsabilidad más los intereses por los 5,1 millones de euros de dinero público gastados el 9-N o sus bienes serán embargados mientras dure la instrucción.
Todo arranca de una denuncia presentada el 18 de mayo por las dos entidades catalanas antisoberanistas ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, acusación que el Ministerio Público hizo suya y el 2 de junio la elevó a la instancia de enjuiciamiento que preside Mariscal de Gante, ministra con José María Aznar desde 1996 a 2000, y de la que forman parte otros dos consejeros, uno propuesto por el PP y otro por el PSOE. El delito que se imputa a Mas y sus exconsejeros es el de malversación contable, distinto al de malversación de fondos públicos que se enjuicia en la vía penal, y del que fueron absueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que juzgó a Mas, Ortega y Rigau; y el Supremo, que hizo lo propio con Homs por su condición de diputado en el Congreso.
El órgano supervisor debe designar ahora un delegado instructor. El Gobierno de Cataluña tiene cinco días para recurrir.