La Generalitat irá a los tribunales por la «intervención» de sus cuentas

paula de las heras | madrid

La Generalitat remitirá semanalmente a Hacienda los certificados sobre ejecución del gasto público con los que el Gobierno pretende comprobar que no está destinando ni un euro a sufragar el anunciado referéndum del 1 de octubre, pero no lo hará a través de los interventores directamente señalados en la orden ministerial, sino a través de sus consejeros. Lo anunció ayer el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Oriol Junqueras, en la comparecencia posterior al Consell Executiu en la que, además, advirtió de que recurrirá la decisión gubernamental de condicionar el pago del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a que se paralice la consulta.

El recurso será doble, por vía contenciosa ante el Tribunal Supremo, pero también ante el Tribunal Constitucional. La intención final de la Generalitat es denunciar en instancias internacionales lo que, en un comunicado, tilda de «nuevo ataque» contra el ‘Govern’ y «castigo al pueblo de Cataluña», pero antes está obligada a agotar todos las posibilidades de apelación en España. Según fuentes del Gobierno autonómico, su gabinete jurídico prepara ya una argumentación con la que pretende demostrar que el Ejecutivo de Rajoy habría incurrido en una «intervención encubierta de las finanzas» catalanas por una vía que carece de amparo legal.

En el Gobierno de Carles Puigdemont sostienen también que no hay base para ligar el desembolso de un instrumento concebido para garantizar el acceso de los ciudadanos a servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales con el gasto en el proceso secesionista. Y que por más que el FLA, del que los catalanes han sido principales beneficiarios, lleve aparejada una condicionalidad, la ahora impuesta no se ajusta a los principios de la ley de estabilidad presupuestaria y sotenibilidad financiera, en la que debería estar fundamentada.

En la orden gubernalmental acordada el viernes por el Gobierno de Mariano Rajoy se alega que, al hacer pública su voluntad de continuar con el procedimiento refrendario, la Generalitat «ha puesto en nuevo riesgo la estabilidad y el normal funcionamiento de las Administraciones Públicas y el resto de instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña y ha generado una nueva situación de incertidumbre económica que está perjudicando a ciudadanos y empresas y por tanto a la estabilidad financiera».

«Es obvio que no hacemos un referéndum con las facturas del FLA», replicó Junqueras. En un comunicado posterior, la Generalitat añadió que el Ejecutivo no puede «castigar a los más débiles» que es lo que haría, argumenta, si se cortara la ayuda financiera: «Se pararía el buen funcionamiento del pago a los proveedores y de los servicios».