El Gobierno recurrirá la reforma del Parlamento catalán para la consulta

paula de las heras | madrid

Mariano Rajoy obtuvo ayer el preceptivo aval del Consejo de Estado para recurrir ante el Tribunal Constitucional el último movimiento de las fuerzas independentistas de Cataluña en su cruzada para celebrar un referéndum unilateral de autodeterminación. El órgano consultivo del Gobierno entiende que la reforma del reglamento del Parlamento autonómico, aprobada este miércoles con los 71 votos de Junts pel Sí (la coalición del Pdecat y Esquerra) más los anticapitalistas de la CUP, puede vulnerar los derechos de la minoría representada en la Cámara.

El cambio del funcionamiento legislativo impulsado por los independentistas busca garantizar que en el primer pleno del 6 de septiembre se apruebe ya, por el procedimiento de lectura única, la ley con la que la Generalitat pretende dar cobertura legal a la consulta del 1 de octubre. Probablemente a la par y por el mismo procedimiento (aunque aún está por decidir) se impulsaría también la llamada ley de transitoriedad, es decir, la otra norma con la que el Gobierno de Carles Puigdemont aspira a garantizar la «desconexión» exprés de Cataluña, según el término acuñado por el secesionismo.

Hasta esta misma semana, la vía de urgencia que supone el procedimiento de lectura única estaba reservada a aquellas proposiciones de ley firmadas por «todos los grupos» del Parlamento. Ahora, puede utilizarse para una iniciativa planteada por uno solo. Bastaría así con que la solicitara el grupo promotor de la iniciativa y con que el pleno, en el que en estos momentos hay mayoría secesionista, diera su visto bueno.

Una de las claves de la lectura única, tal y como está regulada en Cataluña, es que no contempla la posibilidad de presentar enmiendas al texto que vaya a ser sometido a debate. Tanto la Junta de Letrados del legislativo autonómico como el Consejo de Garantías Estatutarias ya advirtieron en su momento de que, aunque ese hecho no sea en sí mismo contrario a la Constitución o al ‘Estatut’, sería conveniente establecer un trámite para que los grupos puedan proponer cambios en parte o en la totalidad del articulado. Pero la sugerencia cayó en saco roto.

En su dictamen el Consejo de Estado también subraya que la inexistencia de un trámite de enmiendas no sería en sí misma recurrible. Sin embargo, argumenta que, sumada al hecho de que se haya «privado» a la minoría de «toda participación en la decisión de iniciar el trámite de lectura única» y de que se haya consagrado «la regla de mayoría simple», sí puede suponer la vulneración del derecho de participación política de la minoría parlamentaria en condiciones de igualdad.

Con esa conclusión sobre la mesa, el jefe del Ejecutivo puede presentar un recurso de inconstitucionalidad para frenar las pretensiones de los independentistas catalanes en cualquier momento, pero probablemente lo hará tras el Consejo de Ministros de hoy.