La dirección de Podemos calla ante la revuelta de sus comisiones de garantías

R. Gorriarán / Efe | Madrid

La dirección de Podemos ha optado por el silencio ante la revuelta protagonizada por 11 de las 16 comisiones de garantías de la organización contra el cambio de los estatutos y del régimen disciplinario. Solo Juan Carlos Monedero, cofundador del partido pero excluido de la ejecutiva, denunció que está en marcha «un golpe» para acabar con Pablo Iglesias.

Poco ha durado la paz en Podemos tras la convulsa asamblea de Vistalegre II en enero, solo que en esta ocasión no se trata de una disputa de familias, no es un nuevo pulso entre ‘pablistas’ y ‘errejonistas’. En la rebelión de las comisiones de garantías participan afines a Iglesias y a Errejón, que han firmado un documento que declara «nulos» los cambios estatutarios introducidos en julio por la dirección de Podemos, de abrumadora mayoría ‘pablista’. Un desafío al que tendrá que responder el consejo de coordinación estatal en su reunión de este lunes.

Pasó bastante desapercibido, pero la secretaría de Organización de Pablo Echenique elaboró unos estatutos que, según los críticos, no reflejaban los documentos aprobados en Vistalegre II. El texto recibió el visto bueno de Iglesias y la dirección del partido, que salía más fortalecida y con menos contrapesos internos gracias al nuevo reglamento y régimen disciplinario. A pesar de que la ejecutiva de Podemos registró en el Ministerio del Interior los estatutos reformados, la comisión estatal de garantías que preside Olga Jiménez emitió un dictamen el 28 de julio los declaró «nulos» y denunció «los abusos» del régimen disciplinario.

Sin razón de ser

Los cambios, de entrada, obviaron la decisión de Vistalegre II de que solo una asamblea ciudadana puede aprobar las modificaciones estatutarias. Con la nueva redacción, esos cambios pueden ser aprobados por la dirección del partido sin someterlos al voto de la militancia. Se establecieron sanciones para quien filtre «información interna» que afecte a «la acción política» del partido o a «la buena imagen» de sus líderes. La aplicación de los castigos queda además en manos de las direcciones territoriales y de la nacional de Podemos con lo que los comités de garantías pierden su razón de ser. También se agilizan los pasos para la creación de gestoras que reemplacen a los órganos directivos, una medida que parece pensada para remover a la dirección de Podemos en Cataluña, enfrentada a Iglesias por el papel en el proceso soberanista. Se reduce asimismo la autonomía de las organizaciones territoriales, una reivindicación de Andalucía.

Es cierto que la secretaría de Organización tenía el encargo de plasmar en los estatutos los documentos avalados por la militancia en Vistalegre II, pero los críticos de las comisiones de garantías denuncian que no se ha recogido lo aprobado y se han incorporado cuestiones que no se presentaron en aquella asamblea ciudadana. Echenique ha defendido que alguien debía hacer ese trabajo porque aunque «los procedimientos disciplinarios no sean lo más sexy para una asamblea, son expresamente obligatorios para poder inscribir un partido político en el registro de partidos». En medio de esta pugna, la presidenta de la comisión estatal de garantías se encuentra suspendida en sus funciones tras promover el dictamen que anuló los cambios estatutarios. La dirección de Podemos recibió una denuncia de tres miembros de ese comité y abrió un expediente a Jiménez por «excederse en sus funciones». Una decisión que los representantes de Cataluña, La Rioja, País Vasco, Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Asturias y Canarias reunidos el jueves en Madrid también pidieron revocar.