La Generalitat mantiene que convocar la consulta no es delito

Pase lo que pase, la intención que tiene el Gobierno catalán es firmar el decreto de convocatoria del referéndum sobre la independencia y poner la directa hacia la desconexión.

Veinticuatro horas antes del pleno más decisivo en 40 años de autonomismo, que culminará cinco años de proceso catalán y en el que la Cámara catalana actuará casi de manera soberana, el Ejecutivo de Carles Puigdemont se mostró dispuesto a llegar hasta el final, desde la premisa de que es un «honor» pilotar la desconexión y que deberá asumir «todas las consecuencias». «Seremos leales con el encargo que nos llegue del Parlamento de Cataluña y lo haremos en términos de obediencias a la mayoría parlamentaria, que sale escogida de las urnas; nuestra legitimidad es absoluta y total», afirmó ayer el consejero de la Presidencia, Josep Turull.

El Gobierno y los grupos independentistas se mostraron doblemente legitimados para convocar la consulta. Y es que, en un intento de cambiar de tercio y de presentar la ruptura con el resto de España como un proceso que cumple escrupulosamente con la legalidad, el Ejecutivo autonómico afirmó que convocar un referéndum «no es delito» en España. Cuestión bien distinta sería si la ley que ampara ese decreto estuviera suspendida, como podría ocurrir estos días. Ibarretxe.