Un Parlament dividido aprueba la ley del referéndum soberanista

Cristian Reino | Barcelona

La Cámara catalana dio ayer su paso más trascendental desde la recuperación de la democracia y la creación del Estado de las Autonomías. Con los votos de Junts pel Sí y la CUP, que tienen la mayoría absoluta, el Parlamento catalán aprobó la norma que debe servir de base legal para la celebración de la consulta del 1-O y que contempla la declaración de la secesión el 4 de octubre siempre que gane el ‘sí’. El independentismo consumó el desafío y puso la directa hacia la ruptura con el resto de España, en un debate y una votación, que escenificaron la división en la política catalana como consecuencia del proceso soberanista. Y es que, poco antes del momento de la votación, Ciudadanos, PSC y PP se ausentaron del hemiciclo, mientras que Catalunya Sí que es Pot (rota internamente) se abstuvo.

Los diputados del PP dejaron banderas catalanas y españolas sobre sus escaños aunque una diputada de Podemos quiso retirarlas. Fue el último capítulo de una sesión, histórica para los independentistas y lamentable, dantesca y vergonzosa para la oposición, en la que la crispación fue la nota característica de una larga jornada parlamentaria, que arrancó a las nueve de la mañana y acabó sobre las nueve y media de la noche.

La Mesa del Parlamento autonómico se reunió hasta en cinco ocasiones, con las respectivas interrupciones del pleno, propiciadas por la oposición que llevaba la consigna clara de obstaculizar el pleno al máximo. Con dos objetivos: ganar tiempo para tratar de impedir la tramitación, lo que hubiera supuesto un duro golpe para los secesionistas en su día D, en el día en que anunciaron que ya serían soberanos; y por otro, para responder al secesionismo con su misma medicina.

Prisas

Si el referéndum es una cuestión de democracia, según afirman los soberanistas para defender la consulta, desde el frente no secesionista les recordaron que también tienen que cumplir los procedimientos y los reglamentos parlamentarios. Y ahí, los grupos de la oposición encontraron ayer un filón para atacar a la mayoría que da apoyo al Gobierno de Puigdemont. A menos de un mes para el referéndum, Junts pel Sí y la CUP demostraron que tienen prisa, que tienen mucho trabajo aún por hacer antes del 1-O y la oposición denunció «atropellos democráticos», «cacicadas», «prácticas antidemocráticas», «vulneración de los derechos de los parlamentarios» por la forma elegida por Junts pel Sí y la CUP para tramitar la ley. La premura del tiempo obligó a los secesionistas a optar por una tramitación de urgencia, tras cambiar el orden del día una vez empezó el pleno, en la que los grupos opositores no pudieron presentar enmiendas a la totalidad, ni pedir informes al Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano autonómico encargado de dictaminar si una ley se ajusta al Estatuto y a la Constitución, e ignorando un informe de este propio organismo, que avisó a la mayoría soberanista que los grupos deben tener la potestad de pedir dictámenes al Constitucional catalán.

En cualquier caso, a día de hoy, a los secesionistas les importa bien poco lo que pueda decir este organismo, teniendo en cuenta que la ley del referéndum desafía toda la normativa vigente y hace borrón y cuenta nueva con la Constitución y el Estatuto. «Hemos aprobado una ley para poder votar», afirmó Lluís Corominas, de Junts pel Sí. «Queremos conseguir la independencia, hoy empieza todo», añadió. Para Anna Gabriel, de la CUP, Cataluña abandonó ayer el autonomismo y entró de pleno en la «soberanía».