El Estado se planta
El Constitucional prohíbe el 1-O y el fiscal se querella contra Puigdemont mientras el Parlament redobla su órdago con la ley de ruptura
Flota en los pasillos del Palacio de la Moncloa una extraña sensación de irrealidad, tan inapelable como paradójica: todos sabían que el choque de trenes entre la Generalitat y el Estado iba a ocurrir y nadie esperaba que sucediese. El Gobierno admite la perplejidad, pero Mariano Rajoy aprendió del 9-N que debía haber preparado un plan de crisis y este jueves salió a desplegar la respuesta del Ejecutivo para frenar el desafío independentista. En 48 horas, Junts pel Sí y la CUP han aprobado la arquitectura jurídica para desgajar a Catalunya de España en dos plenos del Parlament extenuantes y tensos como nunca. Y en solo 24 horas, el Gobierno y el Tribunal Constitucional han laminado los cimientos del 1-O.
El Gobierno respondió en dos esferas. La jurídica: cuatro recursos al Tribunal Constitucional, que ya de noche suspendió las leyes validadas en la Cámara catalana y apercibió a un millar de cargos políticos y no políticos de las consecuencias penales de desobedecerle. Y la dialéctica: la patrimonialización del concepto 'democracia'. Rajoy trató de adueñarse de su significado para erigirse en el defensor y garante de la libertad frente a los “radicales”.
La poderosa teatralidad de la bronca del Parlament y la respuesta grandilocuente de Moncloa, han dado alas al concepto fuerza que ha comenzado a circular en los argumentarios de los populares: “golpe de Estado”. Frente a esa amenaza, Rajoy advirtió por primera vez que si se celebra el referéndum el 1-O, podría estar en juego el autogobierno de Catalunya. No fue un desliz. Lo leyó en un comunicado que su equipo preparó y revisó al milímetro.
Épica y drama
El Parlament y Moncloa se miraban de reojo en una jornada de épica y drama. El Parlament, robándole horas al sueño, se reabrió con una ley del referéndum aprobada la noche anterior y con una ley de transitoriedad alumbrada ya entrada la madrugada del viernes, en otra jornada que algunos vieron “histórica” y otros como “histriónica”. Mientras tanto, la Generalitat desplegaba el referéndum desde el minuto uno, demostrando una clara intencionalidad de tirar adelante con la ley y el decreto de convocatoria aprobados el miércoles y suspendidos a las 24 horas.
Se puso en marcha la web del referéndum, se enviaron cartas a todos los alcaldes reclamándoles que indiquen en dos días qué locales ponen a disposición y se hizo caso omiso a los avisos que iban llegando des la fiscalía y el Consejo de Ministros. El fiscal general del Estado anunció que la querella contra los miembros de la Mesa del Parlament se ampliaba al ‘president', Carles Puigdemont, y el resto de su Ejecutivo. Nada más comparecer José Manuel Maza, el portavoz del Govern, Jordi Turull, denunciaba un “estado de sitio" encubierto, pero recomendaba calma y mantenimiento del rumbo previsto.
Los informes del Consejo de Estado, que son preceptivos para plantear un recurso ante el TC, habían llegado a la Moncloa a las tres de la madrugada. Por la mañana, mientras los abogados de Estado redactaban los escritos al alto tribunal, Rajoy se reunió con el líder de la oposición, Pedro Sánchez. Es un apoyo que el presidente agradeció públicamente, sabedor de que Podemos iba a usar en la izquierda la consabida bala de la derechización.
"Firmeza y aplomo"
Cuando se despidió del secretario general del PSOE, Rajoy presidió el Consejo de Ministros y compareció en una escenografía de solemnidad, arropado por todos los miembros de su gabinete, para intentar transmitir un mensaje de hombre de Estado. “Soy muy consciente de mis obligaciones y de la gravedad del momento, de lo que está en juego. Sé lo que se espera de mí. Y les puedo asegurar que no he dedicado tantos años a mi país y al interés general como para permitir ahora que se pueda liquidar de un plumazo nuestro modelo de convivencia”, advirtió.
Suele admitir la Moncloa que su no-comparecencia el 9-N del 2014, tras la exitosa consulta soberanista, fue probablemente el peor error en la presidencia de Rajoy. Por eso este jueves quiso dirigirse a los ciudadanos como un jefe de Gobierno que no va “a vacilar a la hora de cumplir su deber” con “firmeza, aplomo, serenidad y dignidad”.
Desafío redoblado
Nada mejor para indicar la voluntad de desafío que la tramitación de la segunda de las leyes de ruptura, la de transitoriedad jurídica, la que fija la arquitectura legal y política básica de una Catalunya independiente si vence el 'sí' el 1-O. Sin embargo, el pleno parlamentario se encalló de nuevo, como el miércoles, en repetidas reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces, en las que los grupos de la oposición trataban de evitar el debate de la ley, denunciando que de nuevo la mayoría parlamentaria la tramitaba recortando derechos de las minorías.
Este combate entre unos y otros se alargó por espacio de horas durante la tarde noche de este jueves hasta que finalmente la mayoría independentista logró aprobar una norma con la que se redobla el desafío hacia el Estado tras la aprobación de la ley y el decreto del referéndum del 1-O.