Ada Colau avisa que hará «todo lo posible» para que Barcelona vote
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sigue sin desvelar qué hará el próximo 1 de octubre con los más de 200 locales de titularidad municipal que habitualmente se utilizan como colegios electorales en las convocatorias generales, autonómicos y municipales y que la Generalitat reclama para que los ceda el 1 de octubre. En Barcelona viven 1,6 millones de personas (sobre un total de 7,5 millones de catalanes) y el concurso de la capital catalana es clave para el éxito o fracaso de la consulta.
La alcaldesa está en el ojo del huracán de los independentistas, aunque también recibe presiones desde el Gobierno de Mariano Rajoy, porque de momento no ha confirmado si va a colaborar, como sí han hecho casi 700 alcaldes, tres cuartas partes de los que hay en toda Cataluña. Desde que la Generalitat envió la semana pasada una carta a todos los ediles catalanes para que confirmaran si pondrán o no a disposición de la organización de la consulta inmuebles públicos, Colau siempre ha dicho lo mismo: su intención de colaborar es plena siempre que no se ponga en peligro a los funcionarios y a la propia institución del Ayuntamiento. La alcaldesa de Barcelona, que gobierna en una minoría muy precaria y en coalición con el PSC, insistió hoy en la misma idea, aunque fue más contundente. En un acto de Catalunya en Comú en Santa Coloma de Gramanet, donde la izquierda alternativa celebró la Diada del 11-S, junto con dirigentes de Podemos, entre ellos Pablo Iglesias y Pablo Echenique, Colau aseguró que hará «todo lo posible» para que el 1 de octubre puedan votar todos los barceloneses que lo quieran. «No nos espantan las amenazas» del Gobierno del PP, dijo. Colau, que no participó en la gran manifestación organizada por la ANC y Omnium, negocia con el Ejecutivo catalán alguna «solución práctica», como sugirió Carles Puigdemont, para que el Ayuntamiento de Barcelona facilite la votación. Su pretensión es hacer compatibles conceptos que a día de hoy no lo son como favorecer el «derecho de los ciudadanos a votar» en un referéndum declarado ilegal y «garantizar» el derecho de los funcionarios a que «no se les ponga en riesgo».
Ante las dudas o el rechazo que han expresado algunos alcaldes, buena parte de ellos de las principales ciudades, como Barcelona, Tarragona, Lleida, L’Hospitalet, Santa Coloma o Cornellà, el secesionismo ha puesto en marcha una campaña de presión, que tiene a Colau en el centro de la diana y a la que se presenta como enemiga de la democracia y como colaboradora del PP.